Penas de hasta dos años a seis de los acusados de traficar en Santander, algunos en una peluquería

Han admitido los hechos y han aceptado la rebaja de condenas pactada entre el fiscal y las defensas, y hay dos procesados en rebeldía

Seis de los ocho acusados de traficar con hachís y cocaína en Santander, algunos en una peluquería, han reconocido los hechos y han aceptado penas de entre uno y dos años de cárcel este lunes, antes del juicio que iba a celebrarse contra ellos en la Audiencia Provincial de Cantabria y en el que ha habido acuerdo de las partes.

Así, la mayoría de los procesados -los otros dos están en rebeldía- han admitido los delitos que les imputan y se han mostrado conformes con las nuevas condenadas que el fiscal ha solicitado, y que también implican multas de entre 400 y 5.000 euros.

Antes de la vista oral, prevista durante cuatro jornadas en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, las defensas han pactado con el ministerio público una rebaja de las penas que pedía, que iban de dos años de prisión -para los cinco que traficaron con hachís- a cuatro -para los tres que lo hacían con cocaína-. En uno de los casos se ha aplicado la atenuante por adición a las drogas.

Según el escrito de la Fiscalía que se llevará a la sentencia, uno de los acusados proveía hachís a los demás, que se encargaban de su distribución al menudeo.

En su domicilio se encontraron útiles para preparar la sustancia, así como numerosos móviles y dinero procedente del tráfico de drogas. Mientras, los otros tres traficaban con cocaína y dos de ellos la vendían en la peluquería en la que trabajaban.

Los hechos constituyen un delito contra la salud pública -de sustancias que causan grave daño, como la cocaína, y que no lo hacen, caso del hachís- además de otro de tenencia ilícita de armas, ya que a uno se le encontró un rifle para el que no tenía licencia.

En este último caso, la pena de cárcel solicitada se ha rebajado a la mitad, seis meses, y se le ha impuesto un año más por el tráfico de drogas y multa de 5.000 euros, la cuantía más elevada.

La Sala de la Sección Tercera de la AP dictará el fallo en los términos acordados entre la acusación pública y los abogados defensores, y se dictará orden de búsqueda y captura de los dos acusados que no se han personado para enjuiciarles con posterioridad.