Desarticulado un grupo que chantajeaba a usuarios de webs de contactos con más de 250 víctimas en varias comunidades

Se ha detenido a cuatro hombres que usaban fotos de redes para poner anuncios sexuales, con los que habrían estafado más de 18.000 euros

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en sextorsión con la detención de cuatro hombres que ponían anuncios de índole sexual en webs de contactos y chantajeaban a los usuarios pidiéndoles dinero para no revelar su identidad, que llegaron a amenazarles con enviar a sicarios.

La investigación, enmarcada en la denominada operación ACRODABAE , ha puesto al descubierto más de 250 víctimas con las que han mantenido conversaciones amenazantes. Por el momento se han esclarecido casos denunciados en localidades de Cantabria, Murcia, Cádiz, Jaén, Granada, Asturias y A Coruña, y se calcula en más de 18.000 euros el dinero estafado.

Estos ciberdelincuentes ponían los anuncios con imágenes de mujeres obtenidas de diferentes redes sociales para, posteriormente, enviar mensajes a las personas que habían hecho uso de esas páginas, chantajeándolas económicamente para no revelar su identidad.

Tres de los implicados, de 26, 27 y 36 años, fueron detenidos como presuntos autores de las ciberestafas, mientras que el cuarto, de 34 años, es considerado colaborador necesario por ser el que facilitaba a los anteriores múltiples tarjetas de telefonía móvil a nombre de terceras personas.

El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Cantabria comenzó en el año 2023 una investigación por la denuncia de una persona que recibía graves amenazas tras acceder a una página de contactos y que ya había pagado más de 5.000 euros a los ciberdelincuentes, si bien continuaban las peticiones de dinero.

Los investigadores encontraron similitudes entre estas amenazas y otras que se habían registrado por diferentes puntos de la geografía nacional, con idénticos propósitos y motivos, que hacían sospechar que eran realizadas por las mismas personas.

En estas amenazas, los delincuentes se hacían pasar por peligrosos proxenetas para amedrentar a las víctimas con mandarlas sicarios y decirles que acudirían a sus domicilios «varios de sus mejores hombres para zanjar el problema», acusándoles de haber molestado a las mujeres que trabajan para ellos, haciéndoles perder mucho dinero. Además, utilizaban palabras o expresiones para simular ser originarios de países de Europa del Este, como «dabay» o «acrodabae».

También les decían que conocían los posicionamientos de sus teléfonos, circunstancia que no era real, pero servía para aumentar la sensación de miedo en las víctimas. Además de dar instrucciones para el pago de importantes cantidades de dinero, les avisaban de las repercusiones que podrían sufrir por no pagar o por denunciar los hechos.

Tras realizar diferentes análisis tecnológicos, los efectivos del EDITE pudieron determinar que tanto quienes mandaban los mensajes amenazantes como los que se apoderaban del dinero se encontraban en Valencia.

Los investigadores averiguaron la vivienda desde donde se realizaban estas actividades, situada en la localidad de Picanya, y que adquirían las tarjetas telefónicas a nombre de terceras personas, muchas de ellas ficticias, en un locutorio próximo.

En fechas recientes se procedió a la explotación de la operación, donde además de detener a los supuestos autores de las estafas, se practicaron registros en la vivienda y locutorio.

Entre otros efectos se han intervenido diez dispositivos de telefonía móvil, en los que se encontraron «cientos» de imágenes de mujeres jóvenes conseguidas de diferentes redes sociales para utilizarse en los anuncios.

En uno de los terminales se ha podido comprobar que, en el plazo de dos meses, se han llegado a utilizar hasta 106 tarjetas de teléfonos diferentes con titularidades falsas, situación que dificultaba las investigaciones, ha indicado la Guardia Civil.

Una de las cuentas bancarias utilizadas, igualmente a nombre de un tercero, contaba con más de 23.000 euros. De los casos hasta la fecha esclarecidos, se calcula en más de 18.000 euros el dinero estafado, si bien la mayoría de víctimas no habían denunciado.

Esta operación está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera, y ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Cantabria con la colaboración de la de Valencia.