Energía advierte de que la mayoría de consumidores vulnerables no tienen PVPC y están fuera del bono social

Las comercializadoras independientes creen que una prohibición «total» en la contratación telefónica limitará la competencia

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha advertido de que la mayoría de consumidores vulnerables están fuera del mercado regulado eléctrico -el denominado PVPC- y, por tanto, no tienen derecho al bono social, debido a las malas prácticas comerciales.

En su participación en el Congreso Anual de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), Groizard indicó que el Ministerio cuenta con los datos del seguimiento a los consumidores vulnerables que realiza el IDAE y que confirman esta realidad.

«Y la mayoría de ellos es porque en algún momento, incluso durante la monitorización que les estábamos haciendo, recibieron una llamada que les prometía el oro y el moro y les prometía precios competitivos», dijo.

El Gobierno lanzó el año pasado un proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento general de suministro y contratación y se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y la protección del consumidor de energía eléctrica, que incluye, entre otras medidas, prohibir que las comercializadoras eléctricas puedan llevar a cabo la contratación del suministro o publicidad por vía telefónica, salvo que se produzca una petición expresa por el consumidor.

Para solicitar el bono social el consumidor debe cumplir los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable, y que contrate o tenga contratado el PVPC.

Así, Groizard lamentó que este hecho no se trata de «una cuestión teórica» y que el objetivo es ser capaces de «compatibilizar mecanismos de captación de clientes», alcanzando un «equilibrio que es delicado».

«De un mercado que sea competitivo, que sea capaz de llegar y de ofertar diversidad y que el consumidor entienda que de un día para otro prácticamente, sin interrupción a su suministro, puede cambiar perfectamente a un comercializador y que hay muchas alternativas con respecto a lo que tenía, a la vez que se protege a los más vulnerables», añadió al respecto.

REGULAR DE UNA MANERA «ADECUADA Y EQUILIBRADA».

Por su parte, el presidente de ACIE, Víctor Hernández, consideró que «optar por una prohibición total» de la contratación telefónica en el sector eléctrico, tal y como plantea el proyecto de real decreto del Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica, podría «limitar» la competencia.

El presidente de la asociación, que agrupa a 23 de las principales comercializadoras independientes del país y representa a las compañías que comercializan más del 20% de la electricidad y más del 30% del gas natural en España, defendió así regular de una manera «adecuada y equilibrada» este tipo de contratación.

En este sentido, mostró su preocupación por el hecho de que la prohibición de realización de llamadas comerciales suponga «una limitación a la competencia que podría desembocar en una consolidación de cuotas» y recordó que la asociación fue pionera a la hora de abordar las malas prácticas en este tipo de actividad comercial, poniendo a disposición de los órganos competentes la creación de una guía de buenas prácticas.

«Por ello, es esencial que el proyecto de Real decreto no limite la competencia, sino que impulse el crecimiento del mercado energético, más diverso y más competitivo», dijo, tendiendo la mano al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a todos los demás actores del sectores, para asegurar que el marco regulatorio «favorezca a los comercializadores independientes, proteja a los consumidores y garantice, sobre todo, la sostenibilidad del sector».

Asimismo, puso en valor que se hayan introducido propuestas «interesantes y muy positivas», como la relación del agregador independiente con el comercializador, la creación de contratos de duración superior a un año o la centralización de la lectura de los consumos.

AGREGADOR INDEPENDIENTE.

No obstante, Hernández alertó de que existen «ciertas preocupaciones al respecto del redactado del real decreto» como puede ser la relación entre el agregador independiente y la comercialización.

A este respecto, subrayó que puede afectar «profundamente» a la actividad de los comercializadores en su día a día, ya que los agregadores pueden desajustar las estimaciones de los programas de compra previamente planificados, alterando la estimación de la demanda de sus clientes y afectando negativamente, a su vez, a las coberturas financieras o físicas realizadas por el comercializador por la oferta de precios y la configuración de los mismos.

«Esto puede llevar a pérdidas económicas por contratos de suministros ya acordados, lo cual representa un riesgo para la estabilidad de nuestras operaciones», dijo.