S&P alerta del «riesgo moral» de la quita de deuda, que sólo mejoraría «temporalmente» la situación de CCAA
Cree que esta medida desincentiva poner freno al crecimiento de la deuda autonómica
La agencia de calificación S&P Global Ratings ha advertido este miércoles de que, sin una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda autonómica por parte del Estado «sólo mejoraría temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits».
«Esta medida sólo aborda las consecuencias de anteriores desequilibrios presupuestarios. Sin una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda sólo puede mejorar temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits», ha alertado la agencia en un informe publicado este miércoles.
Además, S&P ha alertado de que esta medida también puede generar «riesgo moral» al disminuir los incentivos para que las comunidades pongan freno al crecimiento de la deuda, en previsión de posibles medidas similares en el futuro.
En caso de que se aplique la condonación, S&P ve «probable» que evalúe su impacto como «neutro o positivo» en las calificaciones crediticias de las comunidades que la acepten, aunque esto será función de las circunstancias individuales de cada región.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado esta semana su propuesta para condonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, alrededor del 26% de la deuda viva total de las regiones españolas del régimen común. Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, acaparando más del 43% del total de la condonación del déficit autonómico.
La propuesta inicia un largo proceso que incluye la aprobación este miércoles por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera de España, varios informes preceptivos de diversas instituciones, la aprobación por parte de las Cortes Generales y, en última instancia, que cada región acepte esta medida. Según las estimaciones del propio Ministerio, el proceso podría concluir a finales de 2025, si no surgen dificultades políticas.
S&P espera que la propuesta sea aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, ya que sólo requiere el acuerdo de una de las regiones además del Gobierno central. Sin embargo, la agencia ha trasladado sus dudas sobre el calendario final de la aprobación de la medida en el Parlamento.
Según la agencia, la fórmula elegida para asignar los recursos otorga un fuerte peso a la población, pero también tiene en cuenta otras variables como el esfuerzo fiscal o los niveles de financiación en comparación con la media de las regiones del régimen común.
Los importes anunciados son importantes para todas las regiones, aunque implicarían una intensidad diferente de alivio de la deuda en comparación con la actual. «Esta podría oscilar entre cerca del 50% de toda la deuda pendiente para Canarias o Andalucía, y en torno al 19% para Cataluña y Valencia», ha explicado S&P.
En opinión de S&P, la intensidad del apoyo no se correlaciona directamente con los niveles relativos de financiación en el contexto del sistema de financiación de las regiones del régimen común.
