El sector acuícola reclama una «mayor coordinación» institucional para impulsar la transformación azul
El sector acuícola español reclama una «mayor coordinación» institucional entre las diferentes administraciones competentes que contribuirá a fomentar el crecimiento de una actividad esencial para garantizar que el pescado siga siendo accesible para todos, según informa Apromar en un comunicado.
En concreto, España, principal productor acuícola a nivel comunitario con unas 266.066 toneladas en 2023, según el último informe de la asociación, tiene un papel clave en la producción sostenible y accesible de pescado a nivel nacional e internacional.
El sector acuícola señala que su posición en la UE ha sido determinante en los últimos años contribuyendo al desarrollo del marco de las Directrices Estratégicas para una Acuicultura de la UE más Sostenible y Competitiva 2021-2030 , además de impulsar a través del Ministerio de Agricultura, la estrategia EsAcui 21-30, que establece principios fundamentales como la cooperación entre instituciones, la integración y transversalidad de políticas, así como la optimización en el uso de los recursos, elementos esenciales para seguir avanzando y consolidar a la acuicultura como un sistema clave productivo.
El gerente de Apromar, Javier Ojeda, ha asegurado que «pertenecer a la UE es sinónimo de garantía de seguridad alimentaria y medioambiental». «Sin embargo, también trae consigo una serie de obligaciones administrativas que deben afinarse en aras de dinamizar más al sector y hacerlo más competitivo, sobre todo, de cara a terceros países donde la legislación es más laxa», ha señalado.
Apromar ha recordado que en la gestión de las instalaciones acuícolas confluyen diversas administraciones públicas, ya que es una actividad que se desarrolla en general sobre espacios naturales públicos (mares y ríos). Por un lado, las comunidades autónomas son las que regulan y gestionan la actividad, a través de normativas específicas, mientras que la Secretaría General de Pesca tiene un papel fundamental en la coordinación de las políticas nacionales y representa al sector ante la Unión Europea y organismos internacionales.
Sin embargo, son las administraciones regionales las que, en última instancia, otorgan las licencias para su puesta en marcha y pueden influir en la ubicación en base a los Planes de Ordenación Urbana, aunque previamente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en sus Planes de Ordenación, haya identificado las zonas donde se pueda desarrollar la actividad.
De esta forma, para el sector de la acuicultura español es fundamental desarrollar una planificación estratégica en la que colaboren todas las administraciones competentes de forma que se impulsan y se promueva su crecimiento y refuerce su viabilidad para continuar siendo uno de los motores de la economía local que genera puestos de trabajo (más de 8.200), sobre todo, en zonas rurales, y una forma viable, sostenible y segura de proporcionar alimentos naturales y nutritivos a la población.
