La ADE alerta de los «graves problemas» del Servicio Exterior: falta de recursos, de normativa y vulneración de derechos

Representantes de la asociación se reúnen con senadores del PP para informarles de la situación

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha llamado la atención sobre los «problemas graves» que aquejan desde hace décadas al Servicio Exterior empezando por la falta de recursos adecuados para atender al creciente número de españoles en el exterior, la ausencia de una normativa adecuada y la vulneración de derechos fundamentales como la educación o la igualdad.

Una representación de la junta de la ADE, encabezada por su presidente, Alberto Virella, se ha reunido este martes con los senadores del PP que forman parte de la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta, después de que el resto de grupos hayan optado por no asistir al encuentro convocado por el presidente de la misma, el popular José Ignacio Landaluce.

En declaraciones a la prensa, Virella ha reconocido que les habría gustado que estuvieran todos los grupos y ha confiado en que en un futuro muestren interés, habida cuenta de que lo que está haciendo la ADE es una «defensa de los intereses de España y del servicio a los españoles en el exterior» y que sus reivindicaciones no se limitan a los diplomáticos y también encuentran eco en otros sindicatos como CSIF y CCOO.

El presidente de la ADE ha admitido que los «problemas graves que afectan al servicio exterior español» no se limitan solo al Ministerio de Asuntos Exteriores, puesto que hay otros ministerios que también tienen personal destinado fuera de España, y tampoco son recientes.

Así, ha subrayado que hay problemas estructurales que se llevan arrastrando «dos décadas y que se van agravando» y que impiden «trabajar con la calidad que nos exigen los ciudadanos». «Evidentemente, en 2025, la precariedad y la degradación es peor que hace 15 años y eso es responsabilidad compartida de los sucesivos gobiernos y distintos ministerios, no solamente Ministerios de Asuntos Exteriores, sino el Ministerio de Hacienda, que deben dotar, a través de los presupuestos generales del Estado, de medios y recursos», ha esgrimido.

PROBLEMAS DE LA RED CONSULAR Entre estos problemas, ha hecho especial hincapié en la situación en que se encuentra la red consular, que ha pasado de atender a unos 900.000 españoles a principios de los años 2000 a unos tres millones en la actualidad y que podrían llegar a cuatro cuando se complete el proceso de concesión de nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

Esto se traduce, según ha explicado, en que consulados como el de Buenos Aires, el mayor de España en el exterior, tendrá que atender a unos 850.000 españoles en un futuro, más que cualquier ciudad española con la salvedad de Madrid y Barcelona.

Un consulado, ha ilustrado, es «una combinación de una oficina de registro, una notaría y una comisaría de policía para gestionar los pasaportes». En Argentina, actualmente se tardan seis meses en conseguir un pasaporte y otro tanto para presentar la solicitud de nacionalidad.

Así las cosas, la previsión es que se tardará siete años en completar el proceso de concesión de nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática aunque ha augurado que será más, porque luego vendrán los hijos de quienes la reciban. A esto hay que sumar el fin del voto rogado en el exterior, lo que hará «prácticamente imposible tener instalaciones y procedimientos» para que pueda votar tal cantidad de españoles en Buenos Aires.

SIN NORMAS ESPECÍFICAS

«No se ha adaptado el servicio exterior tampoco a la normativa y funcionamos con normas que no contemplan la especificidad del servicio exterior», ha proseguido Virella en su exposición, subrayando también «un grave problema de vulneración de derechos fundamentales como la educación».

Según ha indicado, el apoyo al derecho a educación que tienen los hijos de diplomáticos y demás funcionarios en el exterior «no es el mismo que el que tienen los niños españoles» pese a que en su caso se ven obligados a cambiar de país y de sistema educativo y si no cuentan con apoyo económico adecuado no pueden cursar en centros internacionales que les permitan mantener un mismo currículo.

«Países como Portugal o Grecia tienen eso contemplado, y no admiten que los niños sean víctimas y vean vulnerados sus derechos a la educación», ha sostenido el presidente de la asociación de diplomáticos.

«Los cónyuges y parejas de los funcionarios en el exterior, y no solo diplomáticos» se enfrentan a «una clara discriminación de género en la falta de aplicación de medidas de conciliación familiar» puesto que fuera de España por regla general tienen que renunciar a su carrera profesional.

Sin embargo, ha señalado, la Ley de Acción y Servicio Exterior de 2014 contempla en su artículo 39 «la obligación del Estado de facilitar que cuando haya plazas en una oficina o unidad administrativa de la administración española en el país donde se encuentra» el puesto sea para el cónyuge del funcionario «en igualdad de capacidades demostradas».

PETICIÓN DE UN REGLAMENTO

Por otra parte, Virella ha explicado que también ha trasladado a los senadores del PP la reivindicación de la ADE de que se apruebe cuanto antes el Reglamento de la Carrera Diplomática, como plantearon en una carta remitida recientemente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a quien reprocharon la falta de criterios objetivos y que no les ha respondido. «Lo que estamos teniendo ahora es indefensión», ha denunciado.

«Hay una muy pobre interlocución y no solución de problemas que son graves, no solamente para nuestra organización y el personal de la misma, sino para que podamos cumplir nuestras funciones, la principal de las cuales es servir a los españoles en el exterior», ha remachado.