El Gobierno envía al Congreso un proyecto para facilitar las reclamaciones colectivas de consumidores
Contempla que las acciones representen automáticamente a todos los afectados en reclamaciones de menos 3.000 euros
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la remisión al Congreso de los Diputados del proyecto de ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, una norma con la que asegura que se acaba con la actual regulación «parcial y dispersa».
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha informado que con esta norma se da cumplimiento a la directiva europea (2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo) y que con ella se pone fin a la actual regulación creando un procedimiento judicial específico y regulado en un mismo título de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Añade que la reforma pretende fortalecer la posición de los consumidores permitiendo que la reclamación contra un persona física o jurídica la pueda hacer, de manera colectiva, una entidad legalmente habilitada para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
La disposición legitima tanto al Ministerio Fiscal como a las denominadas entidades habilitadas –asociaciones de consumidores, órganos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o municipios competentes en materia de tutela de los consumidores– para dirigir las acciones colectivas frente a cualquier tipo de infracción que perjudique los intereses colectivos de consumidores y usuarios.
VINCULARÁ A TODOS LOS AFECTADOS
En este sentido, en una nota de prensa, el Ministerio señala que los cambios más relevantes de la ley son los que afectan a los casos en los que se pueda reclamar una reparación o compensación económica ante los tribunales, ya que el proceso vinculará a todas las personas que sean titulares de los derechos o intereses lesionados, salvo que se solicite expresamente la desvinculación por alguna de ellas.
Añade que, excepcionalmente, en aquellos casos en los que la cantidad reclamada supere los 3.000 euros por beneficiario, el tribunal podrá establecer un sistema en el que el resultado del proceso judicial solo afecte a los consumidores que expresamente se hayan adherido a él.
Con el objetivo de asegurar la publicidad de este tipo de procedimientos, cada uno de ellos contará con una plataforma electrónica, para que cada afectado tenga acceso a toda la información y pueda manifestar su voluntad de vincularse o desvincularse de la acción colectiva.
