La Unión Vegetariana Española pide un cambio legislativo para garantizar menús vegetales en las instituciones públicas
La Unión Vegetariana Española (UVE) considera que es «urgente» una regulación nacional para garantizar la disponibilidad de opciones vegetales en las instituciones públicas, ya que, a su juicio, la falta de una normativa clara está generando «discriminación» hacia las familias y estudiantes que optan por una alimentación basada en vegetales, «ya sea por motivos éticos, de salud o medioambientales».
«Garantizar opciones alimentarias que respeten la diversidad de convicciones personales es un paso esencial hacia una sociedad más inclusiva y igualitaria. La disponibilidad de menús vegetales en comedores públicos no solo es una cuestión de salud y sostenibilidad, sino también de derechos fundamentales», ha indicado el presidente de la Unión Vegetariana Española, David Román.
En este punto, la Unión apunta a que países como Portugal y Reino Unido ya han legislado en esta dirección, estableciendo la obligatoriedad de opciones vegetarianas y veganas en comedores públicos, mientras que lamenta que en España continúan los «vacíos legales que afectan a miles de personas».
Así, aseguran que el crecimiento de la comunidad vegana en España es «innegable». «Cada vez más familias adoptan esta forma de alimentación, y es inaceptable que sigan encontrando barreras en instituciones que deberían garantizar la inclusión y la igualdad. La Constitución Española, en su artículo 14, prohíbe cualquier forma de discriminación por creencias y convicciones, un principio que debe aplicarse también en el ámbito alimentario», explican.
Para la UVE, garantizar la disponibilidad de menús vegetales en colegios, hospitales, universidades y otras instituciones públicas no solo responde a una «demanda creciente», sino que «también supone un avance en la promoción de hábitos alimentarios más saludables y sostenibles».
«Numerosos estudios han demostrado los beneficios de una alimentación basada en vegetales, tanto para la salud humana como para la preservación del medio ambiente. Reducir el consumo de productos de origen animal contribuye a la disminución de la huella ecológica y a la lucha contra el cambio climático, dos objetivos fundamentales en las políticas de sostenibilidad a nivel global», subrayan.
La UVE indica que la falta de opciones vegetales en las instituciones públicas también plantea una «cuestión de derechos fundamentales». Así, resaltan que las personas veganas, especialmente los niños en edad escolar, «se ven obligadas a consumir alimentos que no se ajustan a sus principios, o bien deben buscar alternativas que no siempre están disponibles o son accesibles económicamente. Esto genera desigualdad y vulnera el derecho a una alimentación acorde con sus valores y necesidades».
