Unión de Uniones pide que la norma de bienestar animal no comprometa la capacidad productiva del porcino
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha pedido que la aplicación en el sector del porcino del nuevo Real Decreto de bienestar animal que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere aplicar a partir del próximo 8 de marzo no haga perder la capacidad productiva actual de dicho sector.
En concreto, la organización agraria ha instado, en relación al nuevo decreto cuyos aspectos técnicos serán presentados por parte del departamento de Agricultura este jueves, al redondeo por el cálculo de densidades, así como a considerar las zonas de enfermería como superficie disponible de cara a paliar el impacto de la normativa en el sector.
Igualmente, de cara a acercarse más a la realidad de los ganaderos, Unión de Uniones ha demandado que se establezcan excepciones de ordenación para facilitar que las explotaciones hagan adaptaciones y que permita trasladar parte de las capacidades productivas entre granjas en las que sea más fácil realizar la adaptación.
FALTA DE PARTICIPACIÓN Y CONSENSO
La organización, que ha puesto en evidencia «la falta de participación y consenso» del sector en la elaboración de este Real Decreto, ha reiterado que la actual propuesta del ministerio «en muchos aspectos es más restrictiva que el reglamento europeo vigente». En este sentido, la asociación apunta a que el Real Decreto 159/2023 sobre bienestar animal debería transponer la normativa europea a la legislación estatal.
En el caso del sector porcino supone la modificación de las condiciones de las explotaciones y el manejo de los animales, puesto que, principalmente, incrementa los valores en relación con las superficies de suelo libre mínimas disponibles, lo que implica la ampliación del espacio disponible de un 14% de media.
La normativa incluye también otras medidas como destinar un 2,5% de la superficie a zonas de observación y aislamiento, instalar aparatos de medida, el registro de concentración de determinados gases o el establecimiento de nuevas condiciones respecto a su alimentación, agua, comederos y condiciones ambientales de las instalaciones a la disponibilidad para los animales de material manipulable.
«Estas modificaciones conllevan la adecuación de las instalaciones, con los costes derivados y que debe asumir el ganadero, o la reducción del número de animales de cada explotación y, consecuentemente, su capacidad productiva», ha explicado Unión de Uniones.
