Unanimidad en el Parlamento para que se estudie rescindir el contrato del transporte sanitario programado
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad instar al Gobierno regional (PP) a elaborar un informe jurídico en el plazo de 15 días en el que se estudie la aplicación de las causas de rescisión del contrato con Diavida –concesionaria del transporte sanitario programado–, previstas en los pliegos de contratación, en especial la relativas al incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales.
La proposición no de ley (PNL), que ha sido presentada por el Grupo Regionalista, ha contado con el apoyo de los populares , que han recordado que el Ejecutivo autonómico, como anunció el consejero de Salud, César Pascual, ya ha solicitado dicho informe y los servicios jurídicos están trabajando en el mismo.
En su iniciativa, los regionalistas denuncian que desde el 1 de octubre de 2024, cuando la empresa Diavida comenzó la gestión de las ambulancias programadas en Cantabria, el servicio ha estado «plagado de incidencias», lo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones tanto por los usuarios como los profesionales y el comité de empresa, que ha llegado a reclamar al Servicio Cántabro de Salud que intervenga con la advertencia de movilizaciones.
La diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández, ha destacado que en los últimos 20 años «nunca jamás» el transporte sanitario se ha encontrado en esta situación, que es «insoportable» e «inadmisible» y «se está alargando demasiado en el tiempo», especialmente el programado.
Ha censurado que las nóminas de sus 136 trabajadores no se pagan «en tiempo y forma», «incumpliendo» el convenio colectivo. Además, no hay calendario de trabajo negociado, «se han cargado de un plumazo» la conciliación de la vida familiar, se está «incumpliendo» el pliego de prescripciones técnicas y no hay planes de formación.
Por esta razón, ha pedido al consejero de Salud que «actúe» y resuelva esta situación dado que, según la diputada regionalista, dispone de «instrumentos jurídicos».
«Han pasado cuatro meses sin cumplimientos graves», ha denunciado Fernández, que ha pedido a Pascual que aplique el régimen de penalidades que se prevé en los pliegos del contrato, una vez que han transcurrido los tres meses que permite la revisión de estándares, y haga un informe jurídico en el que analice que se concurren las causas de resolución.
En caso de resolución del contrato, ha solicitado que se estudien las alternativas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la subrogación de los trabajadores.
En la misma línea, el diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha opinado que el transporte programado es «un desastre» y «hemos ido todavía a peor».
Ha alertado que hay «trabajadores que no tienen taquillas», «no se puede limpiar el material de las ambulancias», las bajas «no se sustituyen», hay «sobrecarga de trabajo» y «retrasos» en los servicios, con «altas que esperan 10 y 12 horas en los hospitales» y «una única ambulancia» por la noche la mayor parte de los días para los traslados de salida de los hospitales para toda Cantabria.
«Esto es una vergüenza», ha valorado Pesquera, que ha avanzado que los socialistas incorporarán otra PNL la próxima semana para volver a solicitar la internalización de las ambulancias.
Mientras que desde Vox, aunque no han presentado enmienda de modificación, han propuesto que se amplíe a 30 días el plazo para elaborar el informe jurídico y obtener, así, «un análisis más detallado de todas las infracciones».
Respecto al alcance del informe, sostienen que el informe jurídico no debería limitarse solamente a las causas de resolución relacionadas con la prevención de riesgos laborales, sino que debería abarcar «todos los incumplimientos».
Por su parte, el diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha recordado que los pliegos del contrato del transporte sanitario programado fueron «redactados» por el anterior Ejecutivo autonómico (PRC-PSOE), al que ha afeado que «no se preocupaban de los anteriores incumplimientos» porque «ni siquiera abrieron expedientes» a Ambuibérica, la anterior concesionaria del servicio.
«Dejemos de jugar con el transporte sanitario, impliquémonos todos en exigir que se cumpla, en verificar que se cumpla y sancionar los incumplimientos», ha manifestado Vargas, que ha reconocido que desde el Gobierno regional están «preocupados» por «los incumplimientos» y «los retrasos en los pagos de las nóminas», pero ha pedido no hacer «demagogia».
De esta forma, los populares han votado a favor de la iniciativa, indicando que «cuando ustedes van, el Gobierno ya viene de allí».
