ERC exige medidas al Gobierno para garantizar reembolsos a los consumidores estafados por Internet
Proponen un fondo de garantía financiado parcialmente por los bancos para desembolsar ese dinero
Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que exige al Gobierno medidas para proteger a los consumidores frente al fraude en pagos electrónicos, incluyendo reembolsos a los afectados.
En una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Economía, la formación independentista argumenta que los fraudes en pagos electrónicas «se han disparado en los últimos años». Según datos del Banco Central Europeo, las operaciones fraudulentas alcanzaron los 4.300 millones de euros en 2022, una tendencia que se mantiene en el primer semestre de 2023.
La diputada de ERC Inés Granollers ha explicado que las reclamaciones al Banco de España han llegado a niveles históricos, con más de 12.000 expedientes solo el año pasado, muchos de ellos relacionados con fraudes en pagos con tarjeta y transferencias. «Son operaciones basadas en estafas, para inducir a comprar productos, solicitar préstamos, invertir en activos o transferir fondos de manera fraudulenta», ha alertado.
En este escenario, ERC insta al Gobierno a defender, en el marco de las negociaciones de la Unión Europea para actualizar la normativa de servicios de pago, el derecho de los consumidores a recibir el reembolso de las operaciones fraudulentas.
SUPERVISAR EL CONTENIDO EN REDES SOCIALES
A esto se suma una petición para mejorar la supervisión de las plataformas sociales, ya que muchos fraudes están vinculados a contenido ilegal y engañoso publicado en redes como Meta, Instagram y X.
Finalmente, la iniciativa propone la creación de un fondo de garantía para resarcir una parte de las cantidades estafadas a las víctimas, con aportaciones de los operadores del sector financiero.
Asimismo, ERC quiere que la futura Autoridad administrativa independiente de Defensa del Cliente Financiero deberá ser un elemento clave para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados en todos los ámbitos de las transacciones financieras.
