Valero (IU-A) lamenta el «racismo institucional» en asentamientos y pide aplicar los planes para su erradicación

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 10

El coordinador de IU Andalucía y Diputado en el Congreso por IU-Sumar, Toni Valero, ha lamentado este viernes el «racismo institucional» con respecto a los asentamientos chabolistas, después de que el pasado 28 de diciembre ardieran 120 chabolas en el conocido como El Bosque 2 de Lucena del Puerto (Huelva), por lo que Sumar ha presentado una pregunta al Congreso de los Diputados cuestionando al Gobierno sobre «las medidas que va a tomar para que se cumplan los convenios firmados con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos».

Así lo ha manifestado Valero en su visita este viernes al asentamiento afectado, donde ha señalado que se trata del «tercer incendio» en 2024 en la zona, por lo que su grupo va a pedir al Gobierno de coalición que «intervenga» para que «se deje de mirar hacia otro lado, aunque no sean sus competencias y la responsabilidad sea de la Junta».

En este sentido, el dirigente de IU ha criticado que en los asentamientos chabolistas de Huelva «hay una vulneración sistemática de los derechos humanos» y que este último incendio del día 28 de diciembre «ha sido uno más que no es una tragedia inevitable» sino que «es fruto de esa dejadez institucional, en la cual se tiene a muchísimas personas viviendo entre basura, sin suministros básicos, sin agua potable y malviviendo en Chabolas» en lo que ha calificado como «una situación espeluznante». »

«Así lo dijo también el relator de las Naciones Unidas cuando vino en 2020 y dijo que el escenario que se había encontrado se asemejaba a los peores campamentos de refugiados que había conocido en el mundo. A pesar de eso, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos implicados siguen mirando para otro lado y haciendo que Andalucía tenga una de las mayores vulneraciones de derechos humanos del mundo, como así el relator de las Naciones Unidas expresó», ha añadido.

Valero ha apuntado que esto «trabajadores migrantes» son «jornaleros que están enriqueciendo a nuestra tierra, que están generando beneficios extraordinarios a la industria fresera de Huelva» que factura «cerca de 1.300 millones de euros anuales», pero que «solo el año pasado, hasta en 15.000 casos, se vieron fraudes en sus contratos».

Al respecto, ha remarcado que el pasado año «aumentó en la inspección un 135% el número de infracciones, es decir, que sufren también explotación laboral, vulneración de derechos humanos y explotación laboral» y «todo eso a los ojos de todas y de todos con una administración que tiene recursos, que tiene competencias y que tiene herramientas institucionales para resolverlo».

«Hay un plan estratégico para la erradicación del chabolismo en Andalucía que no plantea situaciones de emergencia cuando se da un incendio y que no está cumpliendo sus objetivos. Hay también un plan Doñana, con un marco de actuaciones en donde se contempla la rehabilitación, la documentación para las personas que están sin papeles y hay fondos y recursos y tampoco se está llevando a efecto. Y hay un convenio del año 2022 entre la Junta de Andalucía y el Gobierno en donde también se introduce el realojamiento, la alternativa habitacional y tampoco se está cumpliendo», ha lamentado.

En este punto, ha enfatizado que, «si la Junta de Andalucía y los ayuntamientos implicados tienen recursos tienen competencias y tienen herramientas institucionales y no erradican el chabolismo, lo que hay es racismo institucional» y que, por ello, en IU quieren que Andalucía «sea ejemplo del cumplimiento de los derechos humanos, porque es una tierra de jornaleros, en muchos casos andaluces y en otros casos de trabajadores migrantes que están en nuestra tierra».

Por su parte, el coordinador de IU en Huelva, Marcos Toti, se ha preguntado que «si se hubiera dejado a su suerte a vecinos de Lucena del Puerto en la calle, como ha pasado aquí si el incendio se hubiera producido en una calle del municipio y hubieran ardido viviendas», por lo que considera «increíble» que las administraciones «no hayan tomado partido ante esta situación» cuando estas personas «se han quedado en la calle tras arder sus chabolas».

De otro lado, el presidente de la Asociación La Carpa , Alfonso Romera, ha pedido que los ayuntamientos «cumplan la ley» y empadronen a los inmigrantes de estos asentamientos, toda vez que ha solicitado que «se ponga cubas con agua potable» para estas personas porque «es una cuestión de fácil resolución» y «no tienen que andar kilómetros para ello». Romera cree que estas cosas «no se cumplen» porque «lo que hay es aporofobia y xenofobia» y «solo quieren a estas personas para trabajar y que se partan los brazos, porque son esclavos del siglo XXI» pero «no se cumplen los derechos humanos».