España dejó de recaudar 4.443 millones de euros por fraude del IVA
BRUSELAS, 18
España dejó de recaudar 4.443 millones de euros por fraude, evasión y elusión del IVA, quiebras no fraudulentas o errores de cálculo en 2022, lo que supone un 4,59% de diferencia entre los ingresos por IVA previstos teóricamente y el importe realmente recaudado.
Así lo indica un informe de la Comisión Europea publicado este miércoles que muestra que los Estados miembro perdieron alrededor de 89.000 millones de euros en IVA en 2022, aunque ve una mejora «significativa» en comparación con los 121.000 millones de euros que los Veintisiete dejaron de recaudar en 2018.
Pese a que España registró en 2022 una brecha de IVA por debajo de la media de la UE, esta ha aumentado 5 décimas con respecto a 2021, cuando se situaba en el 4,1%, aunque ha registrado también su segundo mejor dato desde 2018, cuando registró un 6,5%, para repuntar hasta el 7,9% en 2019 y regresar al 6,1% en 2020.
El informe también destaca que la recaudación del IVA en España creció un 12,3% en 2022, con un crecimiento de indicadores macroeconómicos clave como el PIB y el consumo final de los hogares, mientras que la inversión también aumentó considerablemente en 2021 y 2022.
España fue el décimo país de la UE con menor brecha del IVA, por detrás de Chipre, el único país que recaudó más de lo inicialmente previsto (-0,67%), Portugal (1,30%), Irlanda (1,17%), Hungría (2,31%), Austria (3%), Luxemburgo (3,70%), República Checa (4,23%), Alemania (4,23%) y Estonia (4,40%).
En el extremo contrario de la tabla, Rumanía fue el país que registró la mayor brecha (30,59%), seguido de Malta (25,89%), Eslovaquia y Lituania (ambas con un 14,62%), Grecia (13,71%), Croacia (12,03%), Bélgica (11,04%) e Italia (10,55%).
«En 2022, la brecha fiscal del IVA ascendió a casi 90.000 millones de euros», ha señalado el comisario responsable de política fiscal de la UE, Wopke Hoekstra, quien ha lamentado esta «oportunidad perdida» ya que esa «enorme cantidad de dinero podría haberse utilizado para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como escuelas, hospitales e infraestructuras».
