Euskadi y Canarias pactan pedir una distribución «equitativa» y «extraodinaria» de menores migrantes vía decreto

Estiman que en un plazo de tres meses se debe lograr un acuerdo estatal para reducir la «presión» que padecen algunas autonomías

VITORIA, 12

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han acordado este jueves plantear una propuesta conjunta en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este próximo viernes en Santander, con el fin de solicitar «un reparto equitativo, equilibrado, solidario y justo» de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas, una medida que, a juicio de los gobiernos vasco y canario, podría encauzarse, como fórmula «extraordinaria», a través del impulso de un decreto que regulase esta distribución.

Clavijo, en declaraciones a los periodistas tras su reunión con Pradales, ha explicado que era necesario establecer «una estrategia conjunta para poder abordar desde distintos aspectos un fenómeno estructural que no solo va a seguir existiendo, sino que posiblemente, si no se actúa de manera determinante, va a ir a más en los próximos años».

Según ha explicado, el objetivo es llevar a la Conferencia de Presidentes una propuesta conjunta «para una distribución extraordinaria de menores extranjeros no acompañados», con el fin de que «con una serie de criterios nacionales, y siempre poniendo por encima de todo el interés superior del menor, se pueda tratar de alcanzar un acuerdo para que, en un plazo de no más allá de tres meses, se pueda abordar, quitar presión y ganar, sobre todo, tranquilidad y recursos para poder abordar una estrategia migratoria».

«Con ese espíritu constructivo, creo que mañana podremos, el Gobierno Vasco y el Gobierno canario, someter a debate una propuesta que esperamos que acoja de manera positiva el resto de comunidades autónomas y el Gobierno de España, de forma que podamos dar una respuesta civilizada y beneficiarnos también, no sólo de la mano de obra que necesitamos, sino también de la posibilidad de formar a menores en los países de origen», ha indicado.

Preguntado sobre los contactos que ha mantenido con otros partidos y el Gobierno central para desarrollar esta propuesta en forma de decreto ley, el presidente de Canarias ha explicado que el objetivo es poder abordar este asunto. Respecto a la forma jurídica, ha destacado que se inclina por el decreto-ley porque «es de inmediata aplicación y además no implicaría la modificación de la ley de extranjería, sino que estaríamos hablando de una distribución».

«En una Conferencia de Presidentes, si podemos concretar un poco más, sería positivo. Pero lo que buscamos es el consenso, es decir, lo que no tiene sentido es que un fenómeno de esta magnitud, que es mundial, que es europeo, tengamos que abordarlo a las comunidades en solitario. No tiene sentido», ha defendido.

Por ello, ha insistido en la necesidad de abordar «desde la coordinación interadministrativa» esta situación y establecer «unos criterios académicos, no políticos». «Creo que entre todos vamos a poder dar una respuesta, en primer lugar a esos niños y esas niñas, que no olvidemos que son menores, vamos a poder darle una respuesta civilizada y respetar sus derechos», ha señalado, antes de recordar que «en Euskadi se ha tenido que declarar el estado de excepcionalidad».

Clavijo cree necesario «planificar» para «dar una respuesta» y «atender bien a esos menores». «La propuesta es una distribución extraordinaria. Eso nos permite ganar tiempo en sosiego y en tranquilidad, y aquellos territorios que estamos muchísimo más presionados, nos va a permitir dar respuesta al menor, y a la vez ganar tiempo para, en conferencia sectorial y en coordinación con el Estado, poder articular una forma mucho más razonable y mucho más justa y solidaria para atender a esos menores», ha señalado.

Tras reiterar que se encuentran en «una situación de emergencia», ha señalado que espera y desean que «no haya oposición» y que la propuesta «si es posible, se pueda enriquecer». Además, ha destacado que han contactado con algunos presidentes autonómicos y ha recordado que un decreto ley lo aprueba el Gobierno de España, pero lo tiene que convalidar el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha indicado que espera que exista «predisposición» por parte de las fuerzas políticas que, en su momento, avalaron la modificación del artículo 35 de la Ley de extranjería, y que esta «fórmula temporal y extraordinaria» cuente también con el aval de otras fuerzas políticas que votaron en contra.

«Sería absolutamente impensable que una comunidad autónoma como es la Canaria, que está en una situación de emergencia desde hace más de un año, que el resto de territorio no se manifestase de manera solidaria», ha añadido.

Asimismo, ha informado de han hablado con el Gobierno de España y con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. «Somos optimistas en poder conseguir alcanzar un acuerdo mañana que, insisto, es de mínimos», ha subrayado.

Por su parte, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, que ha comparecido ante la prensa tras Clavijo, ha manifestado que el Gobierno Vasco aspira a lograr «un reparto justo y equitativo» de los menores migrantes no acompañados.

Además, al ser preguntada sobre si respalda la vía del decreto planteada por Clavijo, ha afirmado que si hay una figura jurídica que «sustenta ese reparto justo y equitativo», el Gobierno lo apoyará. En todo caso, ha afirmado que esta sería una vía «extraordinaria para responder a la coyuntura actual, y que lo que sería necesario sería un plan migratoria estructural.

En materia de personas migrantes en edad adulta, el Gobierno Vasco solicita que Euskadi se considere frontera norte y una mayor dotación económica «para atender con dignidad a las personas en tránsito».

A su vez, considera necesaria «una respuesta estructural» a través de una modificación de la actual Ley de extranjería (artículo 35) «que permita dotar a las comunidades de mayores competencias en materia de inserción sociolaboral».

Por otra parte, demanda un plan estratégico de migración, que debería abordar aspectos como la planificación, previsión de diferentes escenarios, indicadores de evaluación y memoria económica real.

El Ejecutivo vasco ha añadido que desde el punto de vista económico-laboral se requiere «la transferencia de la competencia de la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras». También considera necesario actuar en los países de origen con asociaciones empresariales, educativas y agencias de cooperación «para garantizar en el futuro una inserción laboral digna».

Por otra parte, el Gobierno autonómico cree necesario «agilizar», desde el Ministerio de Interior, las citas en las comisarías para obtener certificados administrativos y realizar procesos laborales legales, así como «garantizar la legalidad a las personas refugiadas o solicitantes de asilo».

A su vez, considera que se deben establecer canales de información, coordinación entre policía, fiscalía y justicia, y poner en marcha de protocolos con Fiscalía de Menores y de Adultos «para cumplir y hacer cumplir las penas con celeridad para que no exista la multirreincidencia». En este mismo ámbito, estima que se deben facilitar los juicios rápidos y, en los casos más graves, establecer canales de expulsión legales para multirreincidentes.

En este contexto, el Gobierno Vaso cree necesario plantear un acuerdo de acogida «estable, de calidad, corresponsable e incentivado por parte del Estado», otorgando mayor dotación de recursos «a quien hace un mayor esfuerzo».

Para ello, solicita «un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo entre las comunidades autónomas», y una memoria económica que soporte dicho reparto.