El Parlamento acuerda impulsar la Ley de Autoridad Docente de Cantabria en 2025
El Parlamento de Cantabria ha acordado este lunes aprobar y remitir a la Cámara en 2025 el proyecto de ley de Autoridad Docente de Cantabria para brindar a los profesores de la comunidad autónoma las «mayores garantías» desde el punto de vista jurídico en el ejercicio de su actividad.
Se trata de una proposición no de ley (PNL) de Vox a la que se ha incorporado una enmienda de modificación del PP, que ha contado con el apoyo de ambos grupos y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, y el rechazo del PRC y PSOE, que han votado en contra de la iniciativa por «coherencia», al entender que la ley no es «una de las prioridades» del sector dado el actual conflicto relacionado con la reivindicación de la adecuación salarial, entre otros.
El objetivo de la PNL, ha explicado el diputado de Vox Armando Blanco, es impulsar «la recuperación del prestigio y autoridad del profesorado», reflejada tanto en sus condiciones laborales como en el respeto dentro del aula.
Blanco ha alertado que, según el último informe del servicio del defensor del profesor de ANPE correspondiente al curso 2023-2024, «el porcentaje de docentes atendidos a los que se diagnosticó depresión alcanzó el 13,4%, mientras que el 69,9% sufrió ansiedad y al 16,1% se le concedió la baja».
Respecto a los problemas con los alumnos, ha subrayado que «se mantienen porcentualmente los conflictos relacionados con estos, que afectan a más del 40% de las actuaciones, aumentan en términos absolutos los problemas a la hora de dar clase y aumentan las agresiones de los alumnos a los profesores».
Así, ha indicado, de los docentes que informaron «el 22% expusieron falta de respeto de los alumnos, el 21% relataron problemas a la hora de dar clase, otro 20% informaron de falsas acusaciones y en un porcentaje menor, bastante pequeño, informaron también de amenazas».
En relación a los problemas con los padres, «los más repetidos fueron las falsas acusaciones, las denuncias en el centro o bien en la inspección, las faltas de respeto o incluso el acoso y en un pequeño porcentaje también las agresiones físicas en esta ocasión de los padres a los docentes».
Según este informe, ha destacado el diputado, del total de profesores que han accedido al defensor del profesor «el 34% denuncia continuas faltas de respeto, el 20,7% sufre situaciones de acoso y el 20% tiene problemas a la hora de impartir sus clases».
Blanco ha indicado que «la falta de autoridad del profesorado es uno de los elementos clave para desarrollar su labor adecuadamente». Por esta razón, ve «urgente» promover «cuantos cambios sean precisos» para asegurar unas condiciones laborales dignas para el personal educativo.
Así, ha defendido impulsar una Ley de Autoridad Docente en Cantabria que ayude a «recuperar ese prestigio y autoridad del profesorado que nunca debió perder», y a educar en el respeto a las normas a la autoridad y al compañero, tanto dentro como fuera de las aulas.
La iniciativa ha contado con el apoyo de los populares , que han defendido que «la mejor manera de proteger a los docentes en Cantabria es seguir garantizando que haya más docentes, además en un contexto de bajada de alumnos y que trabajen en las mejores condiciones».
El diputado Álvaro Aguirre ha asegurado que el compromiso del Gobierno regional es «dotar de más y mejores medios e instrumentos al sistema para mejorar la convivencia en las aulas». «Eso busca el Gobierno del Partido Popular, responsabilidad y hacer frente a los retos futuros con realismo, sensatez», ha manifestado.
Así, ha aseverado que la futura Ley de Autoridad Docente va a ser un «magnífico paso en ese efecto multiplicador que va a tener y tiene la educación en Cantabria», a través de reforzar el papel y el reconocimiento social de los docentes, complementar su autoridad institucional, respaldar legalmente su función y mejorar la calidad de la enseñanza.
Sin embargo, la diputada regionalista María Teresa Noceda ha apostillado que «si de verdad» queremos dotar de autoridad a los docentes, lo primero que tienen que decir a la sociedad es que «tienen razón en su actual conflicto» y apoyar «sus justas reivindicaciones salariales».
Asimismo, ha abogado por mejorar el resto de condiciones laborales, como la disminución de los ratios y dar más apoyos materiales y humanos para hacer frente a la «compleja» diversidad que existen en las aulas.
Por su parte, el diputado socialista Jorge Gutiérrez ha cuestionado las razones de «oportunidad y necesidad» de una norma como esta dado que «la consideración y el reconocimiento social de la función docente ya viene contemplada en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada hace dos meses».
Según ha señalado, «el profesorado ahora mismo tiene otras prioridades encima de la mesa, como así también lo tiene nuestro sistema educativo», como unas mejores condiciones laborales y salariales, la estabilización de las plantillas o la reducción de las ratios del alumnado en las aulas.
A su juicio, «la autoridad del profesorado se obtiene en el aula, no por ninguna ley, ninguna imposición que apruebe ningún Parlamento».
«Son muchas las reivindicaciones del colectivo docente en estos momentos y entendemos que en esas reivindicaciones, en orden de prioridades, no está la Ley de Autoridad Docente», ha sentenciado.
