El Gobierno veta en el Congreso la Ley de Conciliación del PP por suponer un coste de 1.385 millones de euros

Dice que sólo ampliar a 20 semanas los permisos de maternidad, que también es una propuesta de Sumar, requeriría 1.300 millones al año

El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de la proposición de ley de Conciliación que presentó el PP a principios de octubre y lo ha hecho alegando que supondría un coste anual de 1.385,39 millones de euros, sea por aumentos de gasto o por merma de ingresos, y eso trastoca la política presupuestaria del Ejecutivo.

Es la Constitución la que otorga al Gobierno de la Nación la capacidad de vetar la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que, a su juicio, invadan su competencia exclusiva de diseñar los Presupuestos del país, ya sea por exceso de gasto o por reducción de ingresos.

La ley del PP, apadrinada por Alberto Núñez Feijóo en diversos actos públicos, incluía medidas como la ampliación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas, la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y un plan de ayudas para facilitar la reincorporación laboral de mujeres que hayan abandonado el puesto de trabajo por el cuidado de hijos o familiares.

YA NO SEGUIRÁ SU CURSO

Pero ya no se podrá ni siquiera debatir en el Congreso porque el Gobierno ha vetado su tramitación. En su escrito de disconformidad, al que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta alcanzar las 20 semanas con carácter general (algo que también propone el socio minoritario del Gobierno), y en algunos casos hasta 26, «supondría un incremento de gasto para el Sistema de la Seguridad Social estimado en 1.135,92 millones de euros en cifras anuales», pasando de los 3.423,03 millones de la actualidad a 4.558,94 millones.

En cuanto a las ayudas para las mujeres que retornasen a la vida laboral tras cuidar de hijos o familiares, la medida de reducir las cuotas empresariales a la Seguridad Social supondría para el Estado dejar de percibir 8.014,44 euros al año por trabajadora reincorporada, y si volviesen todas las mujeres que tienen solicitada la excedencia, la merma de ingresos se elevaría a 221,47 millones de euros.

Para el retorno de las casi 3.900 trabajadoras por cuenta propia en excedencia, concederles la cuota cero de autónomos tendría un coste de 7,25 millones de euros que mermarían la partida del RETA prevista en los Presupuestos Generales.

Respecto de la modificación del IRPF para ampliar la deducción por maternidad y los gastos de guardería, el Gobierno estima que tendría coste estimado de 20,75 millones de euros.

NO VALE DIFERIR LA APLICACIÓN

Al Ejecutivo de coalición tampoco le vale que en la ley del PP se haya diferido el coste de estas medidas en próximos ejercicios presupuestarios, ya que «las modificaciones tributarias (a diferencia de las previsiones de gasto, por ejemplo) despliegan efectos sobre la realidad social y económica desde el momento de su aprobación, independientemente de su fecha de entrada en vigor».

Y, en segundo lugar, porque «la entidad de la afectación resultante a los ingresos de la Hacienda Pública la hace incompatible con una serie de previsiones y decisiones presupuestarias de alcance plurianual, que superan pues la vigencia anual de la ley de presupuestos».

El veto del Gobierno fue admitido por la Mesa del Congreso, pese a que el PP presentó un recurso pidiendo reconsiderarlo, con lo que la proposición de ley se ha dado ya formalmente por «caducada» y no continuará su recorrido parlamentario.