La ayuda al desarrollo de Cantabria cae al 0,11% tras reducirse la partida en 2024

La ayuda oficial al desarrollo (AOD) del Gobierno de Cantabria en ha caído en 2024 al 0,11% de la Renta Nacional Bruta tras reducirse la partida un 13,88% en los presupuestos regionales de este año frente a los de 2023, situándose en 3.941.964 euros frente a los 4.577.405 del año anterior.

Así lo indica el último informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo en base a los presupuestos autonómicos en la materia, que apunta que Cantabria es una de las siete comunidades que han reducido su presupuesto para ayuda al desarrollo, situándose como la quinta con mayor redución por detrás de Aragón (-69,8%), Canarias (-45,2%), Extremadura (-22,7%) y Murcia (-19,8%).

La cantidad destinada por Cantabria en este 2024 es 1.908.424 euros inferior respecto al año anterior a la crisis financiera en el que más cuantía se dedicó a esta materia, que fue en 2009 con 5.850.388 euros.

Pese a ello, según los datos recogidos en el informe, la cuantía de 2024 está por encima de las presupuestadas en 2022 (3.323.092 euros), 2021 (2.947.384 euros), 2020 (2.845.461 euros), 2019 (2.564.078 euros) y 2018 (2.378.474 euros).

Cantabria, al igual que la mayoría de las Comunidades Autónomas, está lejos del objetivo del 0,7% para 2030 fijado por la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible aprobada en febrero de ese año con un amplio apoyo parlamentario.

Concretamente, la región se sitúa en el 0,11% de la Renta Nacional Bruta (RNB) frente al 0,13% que alcanzó en 2023 y que el máximo de los últimos seis años.

En cuanto al dinero por persona al año que destina la comunidad cántabra a cooperación al desarrollo, se sitúa en 6,70 euros.

CAE AL 0,12% EN EL CONJUNTO DE LAS CCAA

La ayuda oficial al desarrollo (AOD) que brindan las comunidades autónomas cayó en 2024 al 0,12% de la Renta Nacional Bruta (RNB) como resultado de que 10 de las 17 regiones hayan acometido recortes o congelado las partidas que destinan a este fin, según alerta el último informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo en base a los presupuestos autonómicos en la materia.

El dato del 0,12% es ligeramente inferior al 0,13% registrado en 2023 y está muy alejado del objetivo del 0,7% para 2030 fijado por la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible aprobada en febrero de ese año con un amplio apoyo parlamentario. En 2024, la suma total de los presupuestos autonómicos destinados a cooperación alcanzó los 327.380.846,88 euros, casi 21 millones más que el año anterior.

Solo Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, La Rioja o Navarra han incrementado los fondos para cooperación este año, pero todas ellas se quedan lejos del objetivo del 0,7%. El mejor dato, el de Euskadi, se queda en el 0,35%, a la mitad de camino.

En cuanto al dinero por persona al año que destinan las comunidades autónomas, la media se situá en 8,50 euros. Este dato puede llevar a «una conclusión general equivocada pues 12 de las 17 CCAA están por debajo de esa cifra», subraya el informe, puesto que el dato se debe a que Navarra y Euskadi triplican esa cantidad.

Así, en cabeza se encuentra Navarra con casi 30 euros, seguido por Euskadi, con 25; La Rioja, con 16,6; Comunidad Valenciana, con casi 14, y Cataluña, con algo más de 11 euros.

A la cola del ránking se sitúa Murcia, con 0,59 euros, mientras que la Comunidad de Madrid destina 0,70 euros, una cifra que «contrasta con los presupuestos totales de dichas comunidades», puesto que Murcia se sitúa en la parte más baja de la tabla en cuanto a PIB per cápita mientras que Madrid la lidera.

LAS ONGD DAN LA VOZ DE ALERTA

Desde la Red de Coordinadoras dan la «voz de alerta» ante estos datos puesto que consideran que la política de cooperación al desarrollo «no solo es crucial en estos momentos, sino que además es seña de identidad del Estado español» dado que ningún otro país cuenta con un sistema de cooperación descentralizada, como se conoce a la que realizan las comunidades autónomas.

Además, inciden en que dichos recortes contrastan con el apoyo ciudadano a estas medidas, puesto que, según el último CIS, el 70% de los españoles defienen que se apoye a los países que más lo necesitan.

En estas circunstancias, el informe ofrece una serie de recomendaciones empezando por «cumplir con lo establecido por las leyes estatales y autonómicas de destinar el 0,7% a cooperación» y «reducir la burocracia para facilitar la efectividad de las propuestas a favor de los derechos humanos, la paz, la convivencia, la reducción de las desigualdades, etc».

Asimismo, desde las ONG para el desarrollo también apuestan por «reforzar las capacidades del personal de las administraciones públicas con el fin de conseguir actuaciones más efectivas» y por «armonizar criterios de contabilidad para garantizar informaciones detalladas y comparables que permitan hacer seguimientos adecuados».

También consideran que las CCAA deben «asegurar que los fondos contribuyen realmente a la construcción de la paz, la reducción de la pobreza y las desigualdades, o la protección del planeta» y «responder de manera efectiva al compromiso de solidaridad de la ciudadanía».