EuropeG ve «necesario» invertir en sectores que aúpen la productividad en España y aseguren el crecimiento

El think tank económico EuropeG considera «necesario» invertir a largo plazo en los sectores que contribuyan al impulso de la productividad para asegurar el crecimiento económico en España, y evitar el deterioro de las finanzas públicas por el envejecimiento de la población.

Ésta ha sido una de las principales conclusiones del último policy brief que ha realizado el grupo de opinión y reflexión en economía política. El informe ha sido presentado por el director de EuropeG, Antoni Castells, y el codirector del grupo y autor del estudio, Josep Oliver, en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

En este informe, Oliver ha analizado dónde se sitúan los desequilibrios de deuda tras la pandemia, los efectos de la inflación, la respuesta del Banco Central Europeo (BCE), y si pueden considerarse o no superados estos desequilibrios.

El grupo de reflexión ha señalado la necesidad de reducir el elevado endeudamiento público, los «todavía preocupantes» niveles de deuda privada y exterior o las dificultades de crecimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

En concreto, Oliver ha resaltado la necesidad de invertir en capital humano, investigación, innovación y desarrollo de infraestructuras que impulsen la productividad de la economía.

«En España se ve que nuestro empleo está encadenado a sectores de baja productividad, como el turismo o el comercio, por lo que hay que invertir en innovación como solución para incidir en la productividad», ha precisado Castell, apoyándose en una de las medidas que recogió el exprimer ministro italiano, Mario Draghi, en su informe presentado a la Comisión Europea en el pasado mes de septiembre.

«De no hacer esa transición ni reforzar los elementos que hoy se apuntan, será ciertamente difícil hacer frente a unas finanzas públicas que todo apunta se van a deteriorar por el creciente envejecimiento de la población y, simultáneamente, atender a la necesaria reducción de la elevada PII y la fase final de desapalancamiento privado», han advertido tanto Oliven como Castell.

BCE Y COMISIÓN EUROPEA, CLAVES EN LA REDUCCIÓN DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Por su parte, Oliver ha expuesto que la dinámica de los balances financieros de los sectores internos y de los del país con el resto del mundo arroja un balance «relativamente favorable».

En cambio, ha afirmado que continúan existiendo aspectos «preocupantes» y ha alertado de que la situación actual podría empeorar rápidamente de modificarse algunas de las condiciones que han permitido el desapalancamiento y, en particular, el crítico papel del BCE (compra de deuda pública española, crédito a largo plazo a la banca y tipos de interés excepcionalmente reducidos) y de la Comisión en la disminución de la deuda interna y exterior.

«La reducción de la deuda interna del sector privado y de la exterior y la resiliencia de la economía española, tras los choques de la pandemia, los efectos inflacionarios y recesivos de la crisis de Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria, no se puede comprender sin la extraordinaria intervención del BCE a partir de 2014-2015 y las ayudas directas e indirectas de la Comisión», ha asegurado Oliver.

En concreto, EuropeG resalta la intensa reducción del endeudamiento exterior de la banca y del tamaño del sector financiero español respecto del PIB de la economía como aspectos críticos que permiten los avances de la última década y media. A su parecer, el doble ajuste del sector, tanto en tamaño como en deuda exterior, constituye probablemente uno de los aspectos más positivos de lo sucedido desde la crisis financiera y, en particular, a partir de 2015.

Junto a estas mejoras, el autor del informe ha destacado la notable reducción de la Posición de Inversión Internacional (PII) de España, uno de los cambios macroeconómicos más «sustanciales» de la última década, que ayuda a comprender la estabilidad macroeconómica del país. «Sin embargo, su nivel absoluto continua por encima del -35% del PIB exigido», ha alertado Oliver.