Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social piden al Gobierno no politizar al colectivo
El sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha pedido a los responsables públicos, empresarios y trabajadores evitar la «politización» en torno al cuerpo de inspectores y dejar a los mismos actuar con la «imparcialidad, objetividad e igualdad» de trato y no discriminación que caracterizan a la función inspectora.
En un comunicado difundido en las redes sociales del sindicato, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social han apelado a la «prudencia y el sentido común» para que los inspectores puedan desarrollar su trabajo, que pasa por la «vigilancia en el cumplimiento de las normas del orden social y por exigir las responsabilidades pertinentes».
En esta línea, han recalcado que el colectivo tiene «autonomía técnica y funcional» y han recordado la «independencia» de los inspectores frente a «cualquier influencia indebida». Asimismo, han indicado que entre los deberes de los inspectores está «velar por los intereses generales» de acuerdo con la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Estas críticas se producen tras las declaraciones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de que desplegará a la Inspección de Trabajo para detectar posibles prácticas fraudulentas entre las empresas por motivo de la DANA.
«Las empresas que no garanticen la seguridad de sus trabajadores serán perseguidas y amonestadas por la Inspección. Ya estamos recogiendo todas las denuncias e indicios para actuar de oficio. Ninguna persona debe poner en riesgo su vida por ir a trabajar», indicó Díaz en un mensaje en su red social X (anteriormente llamada Twitter) hace unos días.
Además, los inspectores han recordado que es tarea de los inspectores de Trabajo el establecer el procedimiento sancionador a aplicar ante cualquier circunstancia, que puede pasar por «advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento sancionador», o requerir al responsable para que «adopte las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social o subsane las deficiencias observadas».
Por ello, han apaleado a que se deje actuar a este Servicio Público en el ejercicio de las funciones que les garantiza su Ley Ordenadora, siempre en aras de velar «por los intereses públicos y la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social».
