UGT denuncia a la concesionaria de transporte sanitario programado por incumplimientos y por sancionar a un trabajador
El sindicato traslada al SCS su preocupación por las «precarias condiciones de trabajo» de DIAVIDA
UGT ha denunciado a la empresa concesionaria del transporte sanitario no urgente de Cantabria, DIAVIDA, ante la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por incumplir el pliego de condiciones del servicio, no respetar el número mínimo de dos técnicos sanitarios en un traslado y, además, abrir expediente sancionador al trabajador que lo reclamó.
Según ha explicado en un comunicado el Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos, DIAVIDA «vulneró» el requisito estipulado de al menos dos técnicos en cada traslado sanitario, al ordenar a un solo trabajador que realizara el servicio y al que después abrió un expediente sancionador cuando éste exigió que se cumpliera la normativa y el propio pliego de condiciones del servicio.
UGT ha indicado que el pliego de condiciones estipula que los centros socio sanitarios «son lugar de atención recurrente en el servicio y requieren imprescindiblemente de dos técnicos habilitados», por lo que la empresa «no sólo incumplió la norma sino que además abrió expediente sancionador al profesional que exigió que se cumpliera por la seguridad del servicio y del paciente».
En la denuncia registrada en la Gerencia del SCS, el sindicato rechaza que la reciente empresa adjudicataria del servicio programado o no urgente del transporte sanitario cántabro «está prestando el servicio de ambulancias sin el personal técnico suficiente para su correcta realización, designando únicamente a un solo técnico y conductor para la cobertura del mismo».
UGT ha manifestado su preocupación por casos como el denunciado y por «las precarias condiciones de trabajo y el incumplimiento de las normativas establecidas para la seguridad y protección de los pacientes y del personal».
El sindicato ya rechazó en abril que la adjudicación del servicio del transporte no urgente a DIAVIDA se había aprobado con un presupuesto «muy escaso», tras criticar a la empresa concesionaria por «no haber hecho los deberes con el coste real del servicio».
