Transparencia avisa del «muy bajo» nivel de cumplimiento de la ley después de once años en vigor
Menos de la mitad las entidades en España cumplen con la normativa y la información que menos publican es la económica
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha alertado de que las instituciones y entidades del país, incluyendo empresas públicas y privadas con financiación pública, presentan un «muy bajo» nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todo ello pese a que lleva casi once años en vigor.
El organismo encargado de supervisar el cumplimiento del principio de Transparencia ha dado a conocer recientemente su memoria relativa al año 2023 en la que se recoge el grado de cumplimiento de la legislación durante ese periodo. El documento ha sido presentado esta semana a las Cortes por el presidente del Consejo, José Luis Rodríguez Álvarez.
Tanto durante la intervención del dirigente del CTBG como en el informe hay un aviso claro y es el «bajo» porcentaje de empresas que cumplen de manera correcta con las directrices recogidas en la ley que se aprobó con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Así, se recoge que el 63,7% de las entidades evaluadas cuenta con un portal de transparencia que, en la mayoría de los casos, se encuentra ubicado en un lugar visible de su web institucional, pero también hay otro 36,4%, más de un tercio, que carece de un espacio específico en el que ubicar la información sujeta a obligaciones de publicidad activa, lo que implica, a su vez, que esta información se encuentre dispersa en los distintos accesos de sus webs institucionales.
Y entre los organismos y entidades que sí que cuentan con un portal de transparencia, solo en un tercio de los casos la información se organiza siguiendo la estructura de categorías establece la legislación, mientras que en el 43,3% de los casos restantes la información se encuentra desorganizada y dispersa en diferentes apartados de la web institucional.
Además, a estas cifras hay que añadir que el 53,8% de las entidades que cuentan con un portal de transparencia publican esa información obligatoria al margen del portal, lo que dificulta su localización.
Y VA A PEOR
Se aprecia además un aumento del 7% –con respecto al año 2022– en el número de entidades que carecen de portal de transparencia y una subida del 14,2% en la proporción de entidades que publican información obligatoria fuera de su portal de transparencia.
Por otro lado, si desglosamos este cumplimento en función de las cuestiones sobre los que las empresas tienen que publicar su información, también hay diferencias. El bloque que más cumplimiento tiene es el relativo a la Información Institucional, Organizativa y de Planificación, con un 66,5%.
A este le sigue la publicación de contenidos del bloque Información de Relevancia Jurídica, que alcanza un cumplimiento del 54,3%, sin embargo, el bloque de información Económica, Presupuestaria y Estadística, según recoge la memoria del CTBG, en el año 2023 no alcanzó el 36%.
Las justificaciones que dan las entidades y empresas a este incumplimiento son variadas. Algunas afirman que «no existía –la información– por no haber realizado actividades en es ámbito concreto». Otras, sin embargo, aseguran que la información no localizada por el Consejo de Transparencia durante la evaluación está «publicada conjuntamente con otra información».
SE ESCUDAN EN QUE YA LO PUBLICA LA ADMINISTRACIÓN
También hay empresas que explican estas ausencias alegando que la información ya está publicada en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
Aunque el CTBG reconoce que también hay casos en los que «parece existir cierta confusión en relación con el contenido de una información obligatoria».
A nivel general, el índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) alcanza un valor del 44,2%, esto supone un descenso de un 11,2% con respecto a 2022 y que el Consejo de Transparencia achaca a la «evolución negativa de las entidades integrantes del Sector Público Institucional».
A pesar de todo, el órgano que dirige José Luis Rodríguez Álvarez considera que hay un «amplio margen de mejora» para paliar esta situación y urge a las empresas y organismos a aplicar las recomendaciones efectuadas en los informes individuales enviados por el CTBG a las distintas entidades, para de esta manera «obtener un notable incremento de los índices de cumplimiento».
