Una de cada tres entidades españolas carecía del obligatorio portal de Transparencia en 2023, según el CTBG
El presidente del Consejo de Transparencia denuncia en el Congreso el bajo cumplimiento de la legislación, que no llega a la mitad
Una de cada tres entidades públicas y privadas de nuestro país carecía en el año 2023 de un portal de Transparencia o un sitio espacio específico en el que ubicar la información sujeta a las obligaciones recogidas por ley en esta materia, según el informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de dicho año.
En concreto, según ha explicado el presidente del CTBG, Jose Luis Rodríguez Álvarez, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso para exponer la memoria de actividades del organismo correspondiente al año 2023, en dicho periodo se analizaron un total de 254 organismo y entidades, un 35,1% más que en el año 2022.
En esas entidades, a nivel general, Rodríguez Álvarez ha asegurado que el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia fue «muy bajo», ya que, en el sector público, el grado medio de cumplimiento fue tan solo del 43,3% y en el caso de las entidades privadas, la situación es «aún peor», según ha dicho, porque la media no llega al 35%.
«Hay entidades públicas y privadas que, incluso después de dos evaluaciones con las correspondientes recomendaciones, continúan incumpliendo sus obligaciones legales en materia de transparencia», ha censurado.
De hecho, según especifica el informe del CTBG relativo al año 2023, recogido por Europa Press, el 36,4% de las entidades en nuestro país carece de un espacio específico en el que ubicar la información sujeta a obligaciones de publicidad activa, lo que implica, a su vez, que esta información se encuentre dispersa en los distintos accesos de sus webs institucionales.
INCREMENTO «HISTÓRICO» DE RECLAMACIONES
En lo relativo a las funciones de tutela del derecho de acceso a la información pública del CTBG, el presidente de dicho órgano ha explicado que en el año 2023, el 90% de las reclamaciones presentadas por la ciudadanía fueron sobre derecho de acceso a la información pública.
De estas, el 62% estaban relacionadas con entidades del ámbito estatal, mientras que el 38% restante correspondía a entidades de ámbito autonómico y local de aquellas comunidades autónomas que han decidido atribuir al Consejo, mediante convenio, su competencia para resolver estos expedientes.
Esto supone, según ha explicado, un incremento del 36,74% sobre la actividad del año anterior y constituye un récord «histórico» en el número de reclamaciones resueltas por el Consejo de Transparencia.
Además, ha precisado que el 33,7% de las reclamaciones de ámbito estatal y el 85,4% de las de ámbito autonómico y local, se presentan frente a «silencio administrativo». Aunque reconoce que en «muchos casos», tras la intervención del Consejo, se acaba concediendo la información durante la tramitación de la reclamación.
