Vox somete esta semana a votación en el Congreso su exigencia al Gobierno para cesar la «ocupación» de instituciones

El PP también pregunta al Ejecutivo por los «asaltos» a organismos y el «deterioro» de la calidad democrática

Vox lleva esta semana al Pleno del Congreso una iniciativa para exigir al Gobierno que ponga fin a lo que ellos consideran que es una «ocupación» de las principales instituciones del Estado, entre las que incluyen la Corporación de RTVE, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía.

Será a través de una moción, consecuencia de la interpelación que dirigieron durante el pleno del pasado miércoles al ministro de Justicia, Félix Bolaños, relativa a las medidas que iba a impulsar el Gobierno para garantizar el prestigio de las instituciones.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, Vox exige al Ejecutivo que ponga fin a la «intolerable» situación de deterioro institucional y proponen para ello la convocatoria de elecciones a Cortes Generales. Aún así, exigen también abandonar la, a su juicio, «inaceptable» actitud de promover la «ocupación» de las principales instituciones del Estado con personas afines a los partidos que lo soportan en esta Cámara.

EL «CONTROL POLÍTICO»

Para ello, en el resto de puntos de la iniciativa, que se votará previsiblemente el próximo miércoles, reclaman varias medidas con e fin de asegurar, según Vox, la independencia de las principales instituciones del Estado.

Por un lado, en lo relativo al Consejo General del Poder Judicial, abogan por promover una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los doce vocales de origen judicial de dicho órgano sean elegidos mediante voto «personal, igual, directo y secreto» de los propios jueces y magistrados. También piden imponer la observancia exclusiva del criterio de antigtiedad en la carrera con arreglo a su escalafón para la adjudicación de plazas en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los Tribunales de Justicia.

Los de Santiago Abascal también quieren que el Congreso se posicione sobre la decisión del Gobierno de modificar las actuales mayorías parlamentarias necesarias para la renovación del Consejo de Administración de RTVE.

Por ello, en la iniciativa, que es previsible que se vote por puntos incluyen también uno para exigir la derogación del real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de RTVE al considerar que supone el «control político» de la radiotelevisión pública en España que debe de prestar servicios desde la neutralidad.

En lo relativo a la Fiscalía, Vox ha incluido también varios puntos en su moción sobre la continuidad del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y la necesidad de adoptar medidas para garantizar la idoneidad e imparcialidad del órgano, pero no será la única votación en esta línea que haya en el Pleno ya que el PP también lleva esta semana una proposición no de ley pidiendo su destitución.

¿ES UN DETERIORO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA?

Los de Abascal no serán los únicos en hacer referencia a estas cuestiones, ya que el PP, tiene registradas para la sesión de control del próximo miércoles en la Cámara Baja dos preguntas dirigidas al Ejecutivo sobre lo que ellos califican como «asaltos» a las instituciones.

En concreto, la primera de ellas es de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien tiene intención de dirigirse a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para preguntarle «qué institución asaltará mañana el Gobierno».

La otra pregunta que han registrado los populares está dirigida al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a quien el diputado Eduardo Carazo quiere interpelar para saber si «considera que el decreto del Gobierno para asaltar RTVE supone un deterioro de la calidad democrática».

Esta última pregunta, hace referencia a unas palabras del ahora ministro, en el año 2012 cuando era secretario de organización del PSOE en las que tachaba una iniciativa similar para reducir las mayorías necesarias para la elección del Consejo de RTVE del PP de Mariano Rajoy de intento de «controlar la televisión de todos» y de «deterioro de la calidad democrática».