El Gobierno defiende la gestión tras el fin de ETA: 18 atentados esclarecidos, 7 extradiciones y 3 zulos localizados
El Gobierno ha defendido por escrito la gestión del Ministerio del Interior desde el fin de ETA con el acto en el que la banda terrorista escenificó la entrega de armas en 2017, que deja un balance de 18 atentados esclarecidos de la mano de la justicia, la emisión de 21 órdenes de entrega de etarras, con siete extradiciones, y la localización de tres zulos o depósitos de material.
Los datos figuran en una respuesta al PP en el Congreso con fecha de 9 de octubre, consultada por Europa Press, en la que el Ejecutivo sostiene que «la lucha contra el terrorismo es una prioridad para el Ministerio del Interior» desde que Fernando Grande-Marlaska asumió esta cartera en 2018.
«Desde el 1 de enero de 2022 se han esclarecido un total de 18 atentados terroristas cometidos y reivindicados, en su día, por la organización terrorista ETA, derivando en el procesamiento en la Audiencia Nacional de los miembros que participaron en los mismos en las respectivas causas judiciales instruidas por esos atentados», ha apuntado el Gobierno.
«GRAN NIVEL DE EXIGENCIA» DE FUERZAS DE SEGURIDAD
El Ejecutivo subraya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «continúan con un gran nivel de exigencia» para impulsar la incoación de diligencias o la realización de investigaciones que permitan investigar hechos de terrorismo, así como «localizar a sus autores y el material del que se hayan servido».
Tras recordar que hay información de la lucha antiterrorista clasificada como material reservado, el Gobierno detalla que desde 2019 hasta la actualidad se han ejecutado 21 Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) de terroristas de ETA y otras cuatro entregas temporales para ser juzgados en España.
En este sentido, apunta que la legislación española vigente establece que la autoridad competente para solicitar una extradición es el juez o tribunal que conoce de la causa, correspondiendo, en el caso de los delitos de terrorismo, a la Audiencia Nacional la referida extradición.
«El Gobierno se limita a dar trámite a las solicitudes de extradición que proceden de las autoridades judiciales», continúa la respuesta parlamentaria, que precisa que desde el año 2011 se han realizado siete extradiciones usando el mecanismo de entrega que opera directamente entre autoridades judiciales.
ACTO DE DESARME EN ABRIL DE 2017
El Ejecutivo se remonta al 8 de abril de 2017, «cuando la banda terrorista ETA escenificó un acto de desarme tras comunicar a las autoridades francesas la localización de ocho depósitos de material», para especificar que desde entonces las Fuerzas de Seguridad han tenido conocimiento del descubrimiento de tres zulos o depósitos de material, dos en territorio español y uno más en Francia.
«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen las investigaciones tendentes a descubrir los depósitos de material que la organización terrorista no comunicó aquel día, investigando el origen de estos y las posibles vinculaciones de miembros concretos de ETA con dichos depósitos», ha concluido el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Gobierno respondía así a una batería de preguntas registradas por el PP solicitando información, entre otras cuestiones, sobre las gestiones para solicitar extradiciones de terroristas con causas pendientes con la justicia española.
El PP citaba el informe de Seguridad Nacional de 2022 que señalaba que «las consecuencias de la actividad de ETA se mantienen con numerosos atentados sin esclarecer, la existencia de miembros de organización terrorista con causas pendientes con la justicia española que residen en otros países y el hallazgo de depósitos de ETA de cuya localización la organización no dio detalles en 2017».
