Consejera vasca insiste en abordar «modificaciones legislativas» para evitar los homenajes a presos de ETA en las calles

La consejera de Justicia y Derechos Humanos denuncia que «añaden un sufrimiento añadido e injusto a las víctimas»

VITORIA, 25

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha insistido en que su Departamento «va a estudiar y abordar modificaciones legislativas», para evitar la celebración de homenajes y reconocimientos a presos de ETA en las calles del País Vasco.

San José ha señalado que este asunto «es una cuestión muy importante» para su Departamento, durante su intervención en el XXII Seminario Fernando Buesa , que se celebra en Vitoria-Gasteiz bajo el título Herencias del Franquismo y del Terrorismo .

La consejera ha censurado «la ocupación de los espacios públicos para reivindicar la acción de determinadas personas que han cometido delitos muy graves de asesinatos». En este sentido, ha expuesto que «hay diferentes sentencias judiciales sobre este tema» y que su Departamento «va a estudiar y abordar si es necesario alguna modificación legislativa, para introducirla».

Asimismo, ha denunciado que estos actos «añaden un sufrimiento añadido e injusto a las víctimas», por lo que, «desde luego, tenemos que trabajar sobre ello». «Una, es la vía de modificación legislativa, pero también sabemos que hay otra vía que es la vía municipal para actuar con los ayuntamientos y, en principio, plantearles esta cuestión», ha añadido.

Además, ha resaltado que «una de las líneas estratégicas en esta legislatura es llegar a los jóvenes», para «transmitirles ejemplo, formarles en valores» y «darles las herramientas para que ellos mismos puedan saber lo que ocurrió y formar su propia idea de lo que esto fue».

POLÍTICAS DE MEMORIA

La consejera de Justicia y Derechos Humanos ha enumerado diversas «cuestiones elementales» sobre las que construir las políticas de memoria, centradas en «la comprensión del sufrimiento injusto padecido por todas las víctimas». «Una memoria que ponga en el centro la comprensión de su dolor, pero también la del contexto político y social que explica la vulneración sufrida, y el dolor, el sufrimiento personal», ha añadido.

Al respecto, ha resaltado que «la memoria se tiene que sustentar en acontecimientos constatables y no en ficciones, imprecisiones o medias verdades». «La memoria es otra construcción social, pero no puede equivaler al mito o a la leyenda y aquí es donde la historia juega uno de sus papeles más importantes, por su capacidad para el constante cuestionamiento del pasado a la luz del rigor científico», ha señalado.

En segundo lugar, ha defendido que «la ciudadanía debe mantener una posición reflexiva y tiene derecho a cuestionar los relatos que hereda». «La memoria no puede esculpirse en piedra, porque nadie tiene el monopolio de su relato, pero el conocimiento y la relación en el pasado ha de tener una intención sanadora. Por muy negativo que sea el recuerdo de lo que alguna vez fuimos, éste debe favorecer que nunca más vuelva a repetirse», ha apelado.

Por otro lado, San José ha recalcado «la necesidad de que los relatos que sustentan nuestra memoria se construyan sobre la base sólida del respeto a los valores democráticos». «Ningún relato puede pretender la construcción de comunidades estancas basadas en el odio y la exclusión del diferente. El respeto de los derechos humanos es un suelo ético mínimo exigible a todos los relatos de nuestra memoria», ha agregado.

Este último asunto, ha dicho, pone sobre la mesa «dos problemas de difícil abordaje, por más que éste sea ineludible». El primero, «el respaldo de parte de la sociedad a comportamientos precisamente contrarios a la democracia», por lo que «el distanciamiento de esos sectores con su pasado particularmente negativo es un empeño del que no debemos dudar».

En segundo lugar, ha expuesto que, «como representantes de los poderes públicos» se debe «reconocer los hechos de violencia ilegítima e ilegal que pudieron haber cometido funcionarios públicos, como debemos esforzarnos en que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas las víctimas, al margen de la razón de su victimización, sea tratado básicamente de la misma manera».

San José ha dictaminado que «estas son las bases fundamentales del papel que ha de jugar Gogora en nuestra sociedad». «Un organismo público capaz de aportar a la sociedad las herramientas necesarias para construir una memoria reflexiva, crítica y en constante transformación», ha valorado.

«Cada comunidad tiene que construir su propia memoria, siempre que se sustente sobre los pilares del respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos, por los que tanto ha trabajado y ha luchado la sociedad vasca», ha reivindicado, para apostar por «un Instituto de la Memoria, de la Convivencia y los Derechos Humanos que mira el futuro sin sectarismos y sin obsesiones».

«MEMORIAS ENCONTRADAS»

La consejera de Justicia y Derechos Humanos ha mencionado «los problemas que devienen de la distinción entre una memoria histórica relacionada con la Guerra Civil y el Franquismo y otra memoria reciente vinculada a los últimos años del régimen dictatorial y a las diferentes dinámicas sociales y políticas que surgieron en ese periodo hasta llegar a la transición y a la propia democracia».

«Una división que ha dado lugar a la construcción de relatos encontrados, como si entre ambos periodos hubiera una galería de espejos capaz de distorsionar la imagen de los diferentes actores y de las víctimas de ambos periodos hasta el punto de que, cuando se miran, no se reconocen», ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que «ambos espacios narrativos de nuestro pasado hacen la más rotunda de las condenas de la violencia política de uno de los periodos, mientras se titubea o se relativiza la del otro, dentro de un fenómeno bidireccional».

A modo de ejemplo, ha expuesto que «quienes se declaran herederos de los gudaris, de la Guerra Civil y el Franquismo exigen el reconocimiento de las víctimas de este periodo e intentan pasar de largo, relativizar o simplemente desterrar de sus discursos la violencia de ETA».

Mientras ha advertido, por otra parte se asiste «al bochornoso espectáculo de la presidenta de la Comunidad de Madrid manifestando que ETA sigue más viva que nunca y a sus correligionarios exhibiendo por pura intencionalidad política las fotografías de víctimas de dicha banda, mientras que en las diferentes comunidades autónomas en las que gobierna su partido se empeñan en derogar las leyes de memoria democrática que reconocen a las víctimas de la guerra civil y el franquismo».

REVERTIR LA SITUACIÓN

Por ello, y ante «el riesgo de establecer dos memorias encontradas», San José ha demandado «intentar revertir la situación» y destacar «lo que les une» que «es haber sido víctimas de una forma concreta de violencia, ejercida por quienes intentaban imponer por la fuerza sus objetivos políticos».

«Todas estas víctimas han sufrido la vulneración de los derechos humanos, sin exclusión ni distinción entre ellas. Hay que insistir hasta lo indecible que unas víctimas no justifican el daño que se produjo en otras», ha manifestado.

La consejera ha demandado «combatir cualquier intento de instrumentalización, voluntaria o no, de ninguna víctima con la intención de contraponer su condición y significado a otras».

«Tanto las víctimas del terrorismo, sea el nacionalista o el vinculado a la extrema derecha, como las víctimas de abusos policiales o parapoliciales, todas lo fueron de proyectos o de comportamientos totalitarios y antidemocráticos», ha reiterado.

San José ha zanjado que «ningún dolor y ninguna injusticia pueden servir de justificación, legitimación o compensación para ningún tipo de violencia o conculcación de los Derechos Humanos». «Estas son las bases fundamentales», ha concluido.