Inspectores de Hacienda proponen crear un Consejo de Gobierno en la AEAT, con cabida para CCAA y ayuntamientos

Estaría integrado por unos 20 miembros, la mitad de ellos procedentes directamente de la Agencia Tributaria

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha propuesto la aprobación de un Estatuto de la Agencia Tributaria, demandado por el colectivo desde hace más de 20 años, que incluya como novedad un Consejo de Gobierno integrado no solo por la Administración Estatal, sino también por las administraciones tributarias de comunidades autónomas y ayuntamientos.

En el marco de su XXXIV Congreso Nacional, que se ha celebrado en Córdoba, la novedad más importante que incluiría el Estatuto de la AEAT sería este Consejo de Gobierno, que estaría integrado por representantes de todas las administraciones públicas que participen en los ingresos públicos recaudados por la Agencia.

Como funciones del nuevo órgano, los inspectores apuestan por que tenga competencias para fijar las directrices principales de los objetivos de la Agencia, que serán presentadas al Parlamento; que establezca las líneas estratégicas de coordinación con las administraciones de las comunidades autónomas; así como las líneas básicas de determinados programas a incluir en los planes de control de la Agencia y diseñar la prestación de servicios comunes.

La composición de este órgano de gobierno debería responder a criterios que supongan un peso real de las distintas administraciones. En concreto, proponen que podría estar formado por un número que ronde los 20 miembros, tomando sus decisiones por mayoría, y teniendo el presidente de este órgano, que sería el director general, el voto de calidad en caso de empate.

Entre sus miembros, según la propuesta de los inspectores, debería primar un perfil técnico, de modo que en sus decisiones prevalezca el interés para la institución, «y no los intereses específicos de sus administraciones de procedencia».

La elección de estos miembros se realizaría entre funcionarios de carrera del grupo A1, que presten sus servicios en la Agencia Tributaria, en las agencias tributarias autonómicas y en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

MANDATO DE CUATRO AÑOS

Asimismo, los inspectores establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo de Gobierno deberán pertenecer a la Agencia Tributaria, cuya designación correspondería al director general del organismo, a propuesta de cada uno de las administraciones o entes de procedencia. Cada miembro desempeñaría sus funciones durante 4 años, y se produciría la renovación de sus miembros por cuartas partes cada año.

De esta forma, los órganos rectores de la nueva Agencia Tributaria se reducirían al director general, nombrado por el Parlamento y por un período de cinco años, al Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo.

La nueva Agencia Tributaria que proponen los inspectores de Hacienda contempla también la Oficina Nacional Antifraude (ONAF), que asumiría las competencias de investigación del fraude fiscal organizado y del contrabando, así como del blanqueo de capitales asociado a los mismos, dependiendo de ella la policía fiscal.

CREAR UNA POLICÍA FISCAL Y ÓRGANO DE RECAUDACIÓN ÚNICO

Se propone también la creación de una policía fiscal, dependiente de la Agencia Tributaria, a partir de las Unidades Operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera. Tales unidades actuarían bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude, y tendrían reconocimiento expreso de su carácter de Policía Judicial para la investigación penal de los delitos fiscales, de contrabando, así como, en caso de participación, en los de blanqueo de capitales, alzamientos de bienes, falsedades documentales y otros de índole económica.

También debería crearse, según los inspectores, un órgano de recaudación único para todas las administraciones públicas, que centralizaría las deudas a recaudar por todas ellas mediante su integración en un sistema de red , que permitiría la interconexión automática a los puntos que se decidiese por los entes que se adhirieran al mismo.

Adicionalmente se podría realizar, por encomienda de gestión, el cobro de las deudas que por responsabilidad civil se generan en juzgados y tribunales de Justicia, que actualmente gestiona el Ministerio de Justicia (excluyendo, por tanto, las ya encomendadas a la AEAT en el marco de los delitos contra la Hacienda Pública).

Por último, los inspectores de Hacienda apuesta por que se cree, asimismo, una Oficina Nacional de Evaluación de Políticas Tributarias, como órgano de control «ex post» de la influencia de las medidas de fomento del cumplimiento voluntario y de control adoptadas por la Agencia Tributaria en términos de recaudación, cumplimiento y ampliación de bases tributarias.

INDEPENDENCIA DEL PODER POLÍTICO

Para los inspectores de Hacienda, el nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria, con la incorporación de todos estos cambios, se configuraría como un instrumento jurídico para regular la autonomía e independencia de este organismo con respecto al poder político, debiendo estar representadas en el mismo todas las administraciones tributarias, estatal, autonómicas y locales.

Ello garantizaría, afirman, una «uniformidad» en la aplicación del sistema tributario español y una «adecuada y ágil» lucha contra el fraude fiscal.

Los inspectores también abogan por que la política de RRHH que se aplica en toda la Administración debe regirse por los principios de «igualdad, mérito y capacidad», lo que implica que cualquier reforma del sistema de selección de los futuros funcionarios de la Agencia Tributaria debe seguir velando por el cumplimiento «de la necesaria objetividad unida a la alta cualificación en esta selección».

Por último, piden una mejor dotación tanto de medios humanos como materiales, tanto de la Agencia Tributaria, como de la Dirección General de Tributos (DGT) y los tribunales económico-administrativos (TEA). «Reclamamos que se solucionen los problemas que, en estos últimos años, se están produciendo en estos dos organismos, DGT y TEA, instrumentos fundamentales para la adecuada solución de la conflictividad tributaria», han reiterado.