Las grandes petroleras advierten que el impuesto a energéticas puede «desalentar las inversiones» en España
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha rechazado un nuevo impuesto al sector energético y ha advertido de que este nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede «desalentar las inversiones en el país», poniendo en peligro los 16.000 millones de euros que prevé abordar el sector para su descarbonización hasta 2030.
En un comunicado, la asociación señaló que el establecimiento de este impuesto como permanente, dando continuidad al gravamen temporal que finaliza el 31 de diciembre, «comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor».
Además, la patronal de la grandes petroleras, de la que forman parte Repsol, Cepsa, Galp o BP, entre otras, reclamó un marco fiscal «adecuado y estable» para impulsar las importantes inversiones que el sector pretende abordar para la descarbonización y la transición energética.
Además, recalcó que «la falta de estabilidad regulatoria perjudica la reputación como país y la Marca España, así como la percepción y valoración del clima económico que hacen los inversores e instituciones internacionales».
«Todo ello supone un importante riesgo para el desarrollo de los combustibles renovables y el hidrógeno renovable, impactando negativamente en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del PNIEC», añadió al respecto.
Para AOP, un nuevo gravamen energético permanente convertiría a España «en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo, lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada».
Además, recordó que el informe Draghi advierte que la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en Estados Unidos o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que este tipo de gravámenes deben ser limitados y temporales.
En un sentido similar, advirtió de que la Comisión Europea ha señalado que las empresas del sector energético se encuentran en una situación diferente a la vivida en 2022 durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.
Por ello, AOP defendió que establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría «injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente».
