Fiscalía señala la «grosera contratación ilegal» del exalcalde de Lebrija en la Faffe: «Ni iba» a trabajar

Avisa de que Villén «colocaba» a su «libre arbitrio» a «personas afines a la administración entonces en el poder», en alusión al PSOE

SEVILLA, 23

El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha censurado este miércoles la «grosera contratación ilegal» del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a manos de Fernando Villén como director general técnico de la entidad, señalando que el ex primer edil «ni iba a su puesto» y que Villén «ocultó» al patronato de la entidad esta contratación ajena a los principios de «publicidad, igualdad, libre concurrencia, mérito o capacidad».

Así se ha pronunciado el fiscal Fernando Soto en su informe final en el juicio celebrado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra el ex director general de la Faffe Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija, por la presunta contratación arbitraria de este último en la entidad.

El fiscal, que pide cuatro años de prisión por presunta malversación y diez años de inhabilitación especial por prevaricación para Fernando Villén y dos años y medio de prisión por supuesta malversación y cuatro años de inhabilitación por prevaricación al exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres; ha considerado en su informe final que durante el juicio ha quedado de relieve que en la Faffe «nunca hubo un procedimiento de selección de personal», con lo que «se contrataba al libre arbitrio de Villén».

Así, ha relatado que las pruebas practicadas en el juicio han puesto de relieve que después de que Antonio Torres dejase la Alcaldía de Lebrija en junio de 2003, año de elecciones municipales saldadas en dicho municipio con la salida del PSOE del poder; este acudió «espontáneamente» a Fernando Villén, ya director general técnico de la Faffe, ironizando con que el directivo, al entrevistarse con el exalcalde, descubrió que la fundación tenía «una necesidad» que cubrir precisamente con la incorporación de Torres, cuyo currículo se «limitaba a sus contactos».

SUELDO DE CASI 47.000 EUROS AL AÑO

Según las pesquisas, el exalcalde socialista fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En ese marco, mientras Villén alegaba en su comparecencia que contrató a Antonio Torres porque la Faffe necesitaba buscar financiación externa y el ex primer edil presentaba una trayectoria «bastante interesante» a la hora de captar fondos; el fiscal ha precisado que en sus ocho años de funcionamiento, la Faffe recibió una financiación directa de algo más de 200 millones de euros, o sea «25 millones por año», con lo que ha puesto en duda dicho «argumento tramposo para justificar la contratación».

Además, tras admitir Villén que Antonio Torres no accedió a la plantilla de la Faffe por las «tres vías» con la que la entidad incorporaba a trabajadores, que eran el portal del empleado de la empresa, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o la publicidad de los puestos en los medios de comunicación; el fiscal Fernando Soto ha aseverado que la contratación fue formalizada «al margen» de los principios de publicidad, igualdad, libre concurrencia, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública, es decir «fuera de la normativa legal».

«EL LIBRE ALBEDRÍO DE VILLÉN»

Para el fiscal, se trató de una «grosera contratación ilegal», según ha enfatizado, insistiendo en que en la Faffe «se contrataba al libre arbitrio de Villén». La práctica, según ha asegurado, era «colocar a personas afines a la administración entonces en el poder», en alusión al PSOE, que gobernaba entonces la Junta de Andalucía, a la que pertenecía la Faffe.

Villén, según ha destacado, «ocultó» además al patronato de la Faffe esta contratación porque Antonio Torres no figuraba en la «estructura organizativa» presentada a dicho patronato gestor de la fundación pública, precisando que primero fue contratado como director de gestión de recursos municipales y después de «relaciones externas».

El fiscal Fernando Soto ha avisado además del «plus de antijuricidad» que presenta este caso, porque Torres García «ni iba» a la Faffe a trabajar porque carecía de «puesto» físico en las dependencias de la entidad.

«NO CONSTA» DOCUMENTACIÓN DE LAS REUNIONES

Y mientras ambos acusados aseguraban que el exalcalde «no necesitaba despacho» en la sede de la Faffe porque su labor era «quedar con gente y conseguir recursos» económicos mediante contactos y señalaban la celebración de reuniones «cada 15 días» para evaluar el trabajo desempeñado, el fiscal ha puesto especial énfasis en que «no consta» rastro documental ninguno de tales encuentros. «Ni iba ni acudía a su puesto en la Faffe, porque no lo tenía», ha remarcado.

El fiscal también ha respondido al argumento de Antonio Torres, quien en su comparecencia esgrimió la captación de «dos millones de euros de recursos directos» para políticas de Faffe y la firma de decenas de convenios, –50 según dijo en una ocasión y 30 en otra–.

En ese sentido, Fernando Soto ha expuesto que en la documentación de tales convenios «no aparece» el nombre de Antonio Torres, además de que diferentes empleados de la Faffe que han testificado y que estaban encargados de la ejecución de tales convenios manifestaron «no conocer» al exalcalde.

Así, el fiscal Fernando Soto ha resumido que Antonio Torres «no sólo no iba a trabajar, sino que no se enteraba de lo que pasaba en la Faffe, porque estaba totalmente desvinculado de la estructura organizativa» de esta entidad que dirigía Fernando Villén, ya condenado por cierto a seis años de cárcel por delito continuado de malversación en concurso con falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.