El Ejecutivo permite al Govern catalán endeudarse por 65 millones para financiar la ampliación del Fira Barcelona
El Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, por un importe máximo de 65 millones de euros, con el objetivo de financiar la ampliación del recinto ferial de Gran Vía, ubicado en Barcelona.
Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
El 10 de mayo de 2022, Cataluña fue autorizada para que la entidad Fira 2000 SA, clasificada dentro del sector administraciones públicas de la Comunidad, formalizara una operación de préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinada a financiar la ejecución de la ampliación del actual recinto ferial de Gran Vía en Barcelona, por un importe total de 115 millones de euros y con una disposición máxima de 25 millones de euros en el ejercicio 2022.
Al cierre del ejercicio 2022, la entidad Fira 2000 SA formalizó el préstamo por importe de 110 millones de euros y realizó una disposición de 25 millones de euros con fecha 29 de septiembre de 2022. En el año 2023 no realizó ninguna disposición y el 2 de agosto de 2024 realizó una disposición por importe de 25 millones de euros, autorizada por el Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2024.
En fecha 11 de septiembre de 2024 Fira 2000 SA recibió oferta en firme del BEI hasta un total de 175 millones de euros para la financiación de la ampliación del actual recinto ferial de Gran Vía en Barcelona.
Por ello, el Govern catalán ha solicitado autorización para que la entidad Fira 2000 SA formalice una operación de préstamo a largo plazo con el BEI, para financiar la ejecución de la ampliación del actual recinto ferial de Gran Vía en Barcelona, por un importe total de 65 millones de euros, que podrá ser desembolsado en uno o varios tramos. En ese sentido, este acuerdo autoriza a la comunidad autónoma a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 65 millones de euros.
Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024.
