El PSOE y sus socios critican al PP por pedir ahora que el Congreso tenga más control sobre las misiones en el exterior

Vox avanza su apoyo a la reforma para que la Cámara tenga que autorizar el envío de armas a Ucrania y otros países

El PSOE y sus habituales socios en el Congreso han cargado este martes contra el PP por pretender, ahora que está en la oposición, que la Cámara Baja ejerza un mayor control sobre las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, justo lo contrario de lo que defendieron durante sus etapas de Gobierno.

Ha sido en el Pleno del Congreso durante el debate de toma en consideración de una reforma de la Ley de Defensa Nacional. Se trata de una modificación que ya fue aprobada por los populares en el Senado, donde tienen mayoría absoluta. Allí se tramitó el pasado mes de septiembre con la abstención de los socios del PSOE, mientras que los socialistas votaron en contra. El texto se mandó al Congreso, donde sigue abierto el plazo para presentar enmiendas.

Aún así, el PP ha vuelto a llevarlo al Pleno y sólo Vox ha adelantado su apoyo a que se vuelva a tomar en consideración. De hecho, el resto de grupos que han intervenido han recriminado al PP que vuelva a presentar el mismo texto.

El encargado de presentar la iniciativa ha sido el popular Alberto Fabra, quien ha defendido que «el Gobierno no debe tener el monopolio en la decisiones en materia de Defensa».

TROPAS Y ARMAS

Para ello, el PP plantea reformar la Ley Orgánica de Defensa Nacional para obligar al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso para enviar material militar a una zona de guerra, como puede ser Ucrania. La norma ya contempla que el Gobierno debe realizar una consulta previa al Congreso para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional.

Ahora el partido mayoritario propone que la autorización para enviar material militar a zonas de guerra tenga que otorgarse con carácter anual y que las renovaciones se soliciten también a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. Además, quieren que las autorizaciones para las operaciones en el exterior tengan una vigencia de cinco años y que transcurrido ese tiempo tenga que aprobarse en el Congreso una prórroga por otro lustro.

En nombre del PSOE, José Antonio Rodríguez Salas ha rechazado el texto, además de por ser similar al que ya está en tramitación, por pretender, ha dicho, «burocratizar» la toma de decisiones en materia de defensa. «Sorprende que añadan trámites burocráticos que solo pueden producir efectos indeseados sobre la seguridad», ha comentado.

Por su parte, el portavoz de Exteriores de Sumar, Agustín Santos, ha acusado al PP de querer provocar un «galimatías procedimental» al someter a toma en consideración un texto que ya está en la Cámara. Sobre el fondo del asunto, ha apostado por hacer un seguimiento anual de todas las misiones en el exterior y que su mantenimiento, retirada o condicionantes se sometan a votación si lo pide el Gobierno o cualquier grupo parlamentario.

DEMAGOGIA, TACTICISMO Y OPORTUNISMO

Francesc Marc Álvaro, de ERC, ha tachado de «meramente táctica y oportunista» la proposición de ley del PP, al que ha quitado toda credibilidad para plantear este tema, mientras que Mikel Legarda, del PNV, ha avanzado que no apoyarán la reforma porque sería «absurdo» hacerlo para luego acumular su tramitación «con su melliza».

Además, ha recordado que cuando se aprobó la Ley de Defensa Nacional el PP se opuso a que fuera necesario recabar la autorización de la Cámara, alegando que eso «dificultaría las decisiones políticas del Gobierno respecto a las misiones» en el exterior.

En términos similares se ha expresado el diputado del BNG, Néstor Rego, quien, pese a respaldar que se incremente el control del Congreso en estos temas, ha atacado al PP por hacer «demagogia» y «defender en la oposición lo contrario de lo que hicieron en el Gobierno».

Desde Podemos, su diputado Javier Sánchez Serna ha admitido que la propuesta «seguramente sea mejor» que la ley vigente, pero aún así la considera insuficiente y ha pedido más controles del legislativo. En concreto, ha demandado que las autorizaciones tengan que renovarse primero cada dos años y luego anualmente y que se prohíba el envío de armas a países que «estén cometiendo genocidio y no respeten los Derechos Humanos», como hace ahora Israel.