El Congreso prorrogará un año la investigación de la Operación Cataluña mientras deja caducar la comisión sobre Pegasus

El espionaje a independentistas bajo gobierno de Sánchez se analizará en la comisión que ya investiga las cloacas de Interior con el PP

El Pleno del Congreso aprobará este miércoles conceder más tiempo para trabajar a las comisiones de investigación que tiene abiertas sobre la Operación Cataluña y los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils. En concreto, la previsión es que la primera se prorrogue durante un año y la segunda durante seis meses, mientras que, por contra, la relativa al espionaje a independentistas con el programa Pegasus , ya bajo el mandato de Pedro Sánchez, se va a dejar caducar y su tarea será asumida por la de la Operación Cataluña .

En agosto de 2023, a cambio del apoyo de ERC y Junts a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, los socialistas accedieron a que se crearan estas tres comisiones. Se constituyeron el pasado 28 de febrero con un plazo inicial de seis meses para aprobar conclusiones, un periodo que finaliza el lunes 28 de octubre, habida cuenta de que julio y agosto no cuentan por no ser hábiles a efectos parlamentarios.

A punto de caducar su mandato, sólo ha empezado a trabajar la relativa a la Operación Cataluña , que arrancó sus comparecencias el pasado martes; la que versa sobre los atentados tiene previsto hacerlo a finales de este mes, pero la que debía abrir pesquisas sobre el espionaje con el programa israelí Pegasus no va a llegar a arrancar y decaerá el día 28 puesto que no se ha pedido ninguna prórroga.

Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE ha pactado con ERC, que era la más interesada en que se investigara el caso Pegasus ya que uno de los espiados fue Pere Aragonès, que sea la comisión sobre la Operación Cataluña la que asuma esa tarea. La idea es que se pacte una lista de comparecientes para que arrojen luz sobre ese espionaje y que se pueda nombrar a portavoces específicos para llevar a cabo esa parte de la investigación.

El plan, que cuenta con el aval de Sumar, ha sido aceptado por Junts y tampoco han puesto pegas desde Bildu. En estas dos formaciones soberanistas también hay políticos que fueron víctimas de las escuchas mediante Pegasus .

El caso estalló en 2023 tras conocerse que buena parte de los políticos independentistas de Cataluña, incluyendo el entonces presidente de la Generalitat habían sido espiados por ese programa israelí que, al parecer, utilizaba el CNI. Y un informe del Gobierno desvelo que móviles del propio Sánchez y de algunos de sus ministros también habían sido infectados. El Ejecutivo tuvo que comparecer en el Parlamento y negó haber espiado a políticos, pero la presión de las formaciones independentistas acabó con el relevo de la directora del CNI, Paz Esteban.

PACTAR COMPARECIENTES

Tras el acuerdo para integrar esta investigación en el órgano que analiza la Operación Cataluña , el PSOE y sus aliados deberán pactar una lista de las personas a las que se interrogará sobre el caso Pegasus . Para ello se tomarán como base los nombres que cada grupo puso sobre la mesa en sus propuestas de comparecientes el pasado mes de marzo.

De hecho, varias de las personas que los grupos querían citar para ilustrar sobre el caso Pegasus figuraban también en los listados presentados para la comisión de la Operación Cataluña y sus comparecencias ya han sido aprobadas. Es el caso, por ejemplo de la del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

También está ya previsto interrogar al expresidente de la Generalitat Artur Mas, al que pedía Junts por el caso Pegasus . Los de Míriam Nogueras también plantearon llamar a esta comisión a su jefe de filas Carles Puigdemont –que en principio va a ser interrogado en la que analiza los atentados del 17A– al también expresident Quim Torra y, como Esquerra, pedía asimismo la presencia de Pere Aragonès.

¿COMPARECERÁ PEDRO SÁNCHEZ?

Lo que está por dilucidar es si ERC está dispuesta a renunciar a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a varios de sus ministros, que también fueron espiados. En los listados de los aliados del Ejecutivo figuraban los responsables de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; la exvicepresidenta económica Nadia Calviño; la exvicepresidenta política Carmen Calvo; y el exdirector de gabinete de Sánchez Iván Redondo.

El exvicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias y el excomisario europeo de Justicia Didier Reynders eran otros de los comparecientes sugeridos por ERC. Bildu, por su parte, puso sobre la mesa el nombre del ahora ministro de Transformación Digital Óscar López; de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, cuyo testimonio también solicitó Podemos que, asimismo, quería escuchar a las embajadoras de Marruecos, Karima Benyaich, y de Israel, Rodica Radian-Gordon.

También eran varios los grupos que querían reclamar el testimonio de los directores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde 2009 hasta la actualidad, habida cuenta de que parte de esas escuchas se habrían realizado desde el centro del espionaje español. Junts, además, pedía escuchar al excomisario José Manuel Villarejo –que acudirá a la del 17A– y al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, otro de los espiados.

JUECES Y FISCALES

Otra cosa que está por ver es qué sucede con las comparecencias de jueces y fiscales que solicitaron varios socios del Gobierno, incluido Sumar, pese a que el PSOE ya adelantó su negativa a convocar a representantes de la Justicia ante comisiones de investigación.

Entre los jueces solicitados destacan los de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, José Luis Calama y Alejandro Abascal; el del Supremo Pablo Lucas Murillo –ahora vocal del CPGJ y que fue quien autorizó las escuchas a los políticos que llevó a cabo el CNI– y el magistrado Santiago García del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona.

Esquerra también planteaba la comparecencia de tres fiscales: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carvallo y Roberto Valderde, de la Fiscalía de Barcelona.