La Generalitat quiere eliminar por ley la cita previa obligatoria en servicios públicos
Impulsará un programa de prácticas remuneradas en la administración para 2.000 estudiantes
BARCELONA, 7
El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado que el Govern impulsará «una norma con rango de ley para acabar con la cita previa obligatoria en los servicios públicos» de Cataluña.
«Ha llegado el momento de hacer, de pasar del diagnóstico a la acción», ha subrayado el conseller en rueda de prensa este lunes, que ha detallado que esto se enmarca en una reforma de la administración y mejora de los servicios públicos.
Dalmau ha lamentado que la atención pública con cita obligatoria se haya quedado tras la pandemia, algo que cree que ha hecho que la atención presencial «haya perdido calidad», y ha apostado por que cualquiera pueda dirigirse a la administración pública y tenga una respuesta inmediata.
La eliminación de la obligatoriedad de la cita previa se aplicará en la administración de la Generalitat, los ayuntamientos y las diputaciones, y ha añadido que se mantendrá este sistema en los casos en los que «funcione correctamente».
Ha negado que la eliminación de la cita previa vaya a comportar un incremento de personal, ya que considera que si era posible prestar el servicio con el actual número de trabajadores antes de la pandemia, «debe ser posible ahora».
Preguntado por cuál será el plazo que se ha fijado el Govern para aplicar esta medida, el conseller ha concretado que pretenden que sea en los próximos nueve meses, en los que se pueda hacer el «desarrollo normativo», ya que prevén incluirla en la Ley de medidas, conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2025.
COMISIÓN DE EXPERTOS
El conseller ha detallado que 77.000 de los trabajadores de la administración pública de la Generalitat tiene más de 50 años, lo que supone un 39% del total, por lo que en 2030 habrá unos 27.000 que se jubilarán, un 14%, según sus datos.
Ha apostado por superar «algunas estructuras obsoletas» de la administración, para que pueda ser de calidad, ágil y moderna, y también ha defendido la transformación de este sector para liberarlo del corsé normativo que lo rodea.
Para ello, el Govern se ha fijado 12 prioridades para la transformación de la administración pública: la simplificación normativa y de procesos, el diseño de servicios públicos «poniendo al ciudadano en el centro», la digitalización, la garantía de una atención presencial de calidad, la transparencia y trazabilidad de trámites y la consolidación del empleo público de calidad.
También la concepción del sector público como generador de actividad económica, el impulso de un nuevo modelo de dirección pública, la prospección del impacto de la demografía y del cambio climático en la administración, la recuperación del prestigio institucional, la comunicación clara de la administración y una evaluación de las políticas públicas.
COMISIÓN DE EXPERTOS
El conseller ha explicado que el Govern creará una comisión de expertos para la transformación de los servicios públicos y nombrará al doctor en Ciencia Política y Administración Carles Ramió como presidente de la misma.
Esta comisión tendrá un calendario de trabajo de 10 meses para «hacer propuestas concretas y ejecutivas, analizar su impacto y viabilidad» para abordar los 12 objetivos fijados por el Govern, que además aprobará este martes un conjunto de 17 medidas «urgentes» para empezar a realizar cambios.
CAPTACIÓN DE TALENTO JOVEN
Una de estas medidas será la puesta en marcha de un programa de captación de talento joven, a través de 2.000 plazas de prácticas profesionales remuneradas dirigidas a «atraer» a estudiantes universitarios y de Formación Profesional a servir a Catalunya en el sector público.
Este programa supondrá una inversión de 40 millones de euros, según ha detallado Dalmau, y se enmarcará en el objetivo del Govern de impulsar un relevo generacional en la administración pública y en el plan de choque para la mejora de los servicios.
PROFESIONALIZACIÓN DE ALTOS CARGOS
Con el objetivo de «prestigiar» la Generalitat, el conseller ha detallado que la Ley de medidas también incorporará la regulación de la dirección pública profesional.
«Necesitamos enviar una imagen de que la gestión pública en nuestro país está profesionalizada», ha reclamado Dalmau, que ha argumentado que no se puede enviar el mensaje de que para trabajar en el Govern se debe tener el carné de un partido político.
Preguntado por qué pasaría si una persona escogida por concurso público para dirigir una empresa pública tiene una orientación diferente a la de un Govern, el conseller ha explicado que el Ejecutivo catalán entrante «lo podrá cesar, lo podrá cambiar» y para renovar esta posición deberá hacerlo en función a determinados criterios que se establezcan.
El Govern también realizará una auditoría para analizar los trámites y su comunicación con el ciudadano, ya que considera que se debe utilizar «un lenguaje comprensible», y también analizará cómo mejorar el ámbito digital, con otra auditoría para simplificar las webs del Govern –actualmente tiene en marcha 400 webs y 1.086 dominios–.
