El Parlamento insta al Gobierno a controlar «de inmediato» el acceso al Faro del Caballo

El Gobierno tiene en marcha la licitación del contrato del REMERCANT para acabar con sus «defectos»

El Parlamento de Cantabria ha aprobado, con los votos de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido, instar al Gobierno regional (PP) a adoptar de inmediato las medidas de implantación del control de acceso al Faro del Caballo, así como la gestión de las reservas y citas previas para su adecuado uso y conservación; y establecer un pleno control de accesos a este espacio durante los meses estivales.

Se trata de una iniciativa presentada por el Grupo socialista ante la «crítica» situación en la que se encuentra este lugar por la «masificación turística», especialmente en verano, que, «al no estar siendo controlada está poniendo en riesgo tanto la seguridad de los visitantes como la conservación de este espacio natural».

Los socialistas también han destacado el «elevado» coste para los servicios de emergencia que suponen los rescates en este espacio, que «podrían ser mejor aprovechados si hubiera implementado un adecuado sistema de control».

La diputada Nórak Cruz ha señalado que registrarse en una página web para acceder al Faro del Caballo con el límite de 500 personas diarias repartidas en franjas horarias «no ha sido suficiente». «No hay personal para controlar de manera efectiva estos accesos y la masificación ha continuado y los problemas han persistido», ha aseverado.

Por su parte, los populares , que ven «conveniente» establecer un control de acceso, han defendido esperar a conocer los resultados de el programa piloto para valorar cómo hacerlo.

El diputado Íñigo Fernández ha señalado la posibilidad de ir a «un modelo más restrictivo», como contratar personal o establecer dos tornos de acceso en el inicio de las escaleras y en la plataforma donde se ubicaba la vivienda del torrero.

Ha apuntado que «no será tan fácil poner personal» dado que «el convenio no lo deja claro y Cantur no puede contratar personal para trabajar en una instalación que no es un centro de trabajo» de la sociedad pública. «A lo mejor tendría que hacerlo el Ayuntamiento de Santoña», ha añadido.

Respecto a quién lo paga, el diputado ha apostado por que sea el usuario quien lo haga mediante una aportación simbólica, si bien «no es tan fácil de acuerdo con el convenio establecer ese mecanismo», ha dicho.

Del mismo modo, desde el PRC creen que controlar el acceso es «necesario» porque «no todo el mundo puede bajar al Faro del Caballo», no solo por la cantidad de gente que hay en verano sino por la capacidad física que exige.

A juicio del diputado Guillermo Blanco, ya se realizaron las pruebas para realizar dicho control y solo falta «la voluntad» para ponerlo en marcha.

Y desde Vox, aunque se han mostrado partidarios de regular el flujo de visitantes, también han apostado por esperar a conocer los resultados del programa piloto que finalizó el 29 de septiembre para plantear si hay que licitar un contrato para que haya una persona durante los meses estivales para controlar los accesos.

LA REMERCANT, EN MARCHA

Por otro lado, el Gobierno de Cantabria ha auditado la Red Digital de Radiocomunicaciones en Emergencias de Cantabria (REMERCANT) ante los «defectos detectados», y «ya tiene en marcha» la licitación del contrato de operación y mantenimiento de este sistema, para que esté en «correcto funcionamiento» en 2025.

Así lo ha avanzado el diputado del PP Cándido Cobo durante el debate de la moción subsiguiente presentada en el Pleno por el PRC para instar al Ejecutivo regional a cumplir las recomendaciones de la autoria y adjudicar el contrato de operación y mantenimiento en el plazo de seis meses.

La moción ha salido adelante por unanimidad pero el debate de la misma ha enfrentado a PP y PRC. Los populares han criticado la «herencia recibida» y han acusado a los regionalistas de intentar «imputar una chapuza tras otra de su gobierno» al actual Ejecutivo, mientras que el PRC ha criticado que no se haya acabado la implantación de este sistema.

Cobo ha señalado que las «graves deficiencia y carencias» de esta red vienen de la época de la regionalista Paula Fernández como consejera, pese haber destinado «2 millones de euros» en «siete años», y ha tachado que «fue un proyecto con carencias sustanciales en su funcionamiento, falto de planificación, poco fiable y sin la cobertura necesaria».

Frente a ello, y tras la auditoria, Cobo ha avanzado que se está haciendo un «trabajo de campo minucioso» que «nos permitirá contar con una red que cumpla las exigencias de operatividad y eficiencia».

«Primero hay que supervisar y hay que auditar cuántos fallos hay, que son muchísimos», ha insistido, al tiempo que ha adelantado que «la licitación del contrato de operación y mantenimiento ya está en marcha y en el año 2025 estará en funcionamiento».

Por su parte, la diputada del PRC Rosa Díaz ha defendido que el anterior Gobierno PRC-PSOE dejó en funcionamiento el REMERCANT, concretamente implantado en primavera de 2022 para «su posterior extensión y mejora», que es en lo que ha acusado al Ejecutivo de no haber hecho nada.

Desde el PSOE, el diputado Mario Iglesias ha apostado por «buscar una solución de forma coordinada con los ayuntamientos para dar uso a los equipos dentro de la red REMERCANT, y en la misma línea se ha pronunciado el parlamentario de Vox Cristóbal Palacio que ha lamentado que el «sistema no funciona» y ante ello ha emplazado al Gobierno a «tomar decisiones».

TASA TURÍSTICA Y DUNAS DEL PUNTAL

Por otra parte, el Parlamento ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox y la abstención del PRC, una moción subsiguiente socialista para instar al Ejecutivo autonómico a promover la creación de la Ley del impuesto a las estancias turísticas y promoción del turismo sostenible.

El PSOE ha defendido implantar un marco legal para que los ayuntamientos decidan «si quieren implantar y cómo» la tasa turística.

Sin embargo, los populares han asegurado que «Cantabria no enfrenta un problema de sobresaturación turística» y creen que la propuesta de la tasa turística es «innecesaria», «poco rigurosa» y el fin es «meramente recaudatorio». «No sean turismófobos», han manifestado.

En la misma línea, desde Vox, que también han censurado la «turismofobia» de los socialistas, se han mostrado en contra de un «impuesto al turismo» que, a su juicio, «lastra y grava el turismo reglado».

Por su parte, el PRC, aunque no se ha apuesto a la tasa turística, cree que «no es el momento procesal oportuno», y ha apostado por resolver «con rapidez» asuntos como las viviendas de uso turístico, el decreto, las autocaravanas, el furtivismo y la clandestinidad, y las inspecciones.

Asimismo, la Cámara cántabra ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox, otra moción subsiguiente del PSOE en la que se insta al Ejecutivo a desarrollar y aprobar en 6 meses las medidas y acciones previstas en el Plan Marco de Gestión de la Zona de Especial Conservación (ZEC) de las Dunas del Puntal y el Estuario del Miera.

Los socialistas han aseverado que el Puntal está lleno de plantas invasoras y ha censurado las medidas llevadas a cabo «sin éxito» durante los últimos meses.

Los regionalistas han apoyado la medida dado que creen que limitar los espacios por donde la gente pueda circular es una «clave de éxito» ya probada en otras zonas dunares, y en esta «se puede y se debe mejorar esa situación».

Sin embargo, los populares han señalado que las medidas que se recogen en el plan ya «se están llevando a cabo» dentro de las competencias que le corresponden al Gobierno de Cantabria; y han indicado que solucionar las aglomeraciones en verano es competencia de la Delegación del Gobierno (PSOE).

Y Vox ha presentado una enmienda de sustitución para que no se limite el fondeo de las embarcaciones que ha sido rechazada.