Podemos acusa a Interior de «deportar sin testigos» a activistas saharauis en Barajas


Exige que no se den más expulsiones y acusa al departamento de Marlaska de operar al margen de la demorcaria

Podemos ha acusado al Ministerio del Interior de deportar «sin testigos» a 16 activistas saharauis que solicitaron asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo que supone una «vulneración de derechos fundamentales» de estas personas.

La formación morada ha calificado de «máxima gravedad» que el Gobierno haya iniciado la expulsiones de este grupo de demandantes de asilo, tras varias semanas «retenidos» en el aeródromo, y la secretaria general, Ione Belarra, se ha desplazado a la Terminal 1 para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que detenga esta «barbarie» e impida que haya más devoluciones.

La también diputada del Grupo Mixto ha tratado de acceder a la sala de solicitantes de asilo y ha vuelto a denunciar que se le ha impedido el acceso a esta dependencia pública por instrucción de Interior. Así, ha cargado contra la «opacidad» y la «falta de transparencia» del Gobierno, que con ello provoca desconfianza en las instituciones.

Podemos ha denunciado que distintos «cargos socialistas» han estado maniobrando para que estas deportaciones se realicen «sin testigos y sin posibilidad de escrutinio» por parte de cargos electos.

Así, explican que ante la denegación de acceso para supervisar si había carencias de condiciones higiénicas y sanitarias, pidieron amparo por ello ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta de la Comisión de Interior, la socialista María Carmen Castilla.

Según la versión de la formación morada, la presidenta de la Comisión planteó la opción de organizar una visita a esas instalaciones la próxima semana, algo que era «inaceptable» para Podemos que demandó cursar la entrada en dicho recinto lo antes posible. Una petición que, según alegan, no recibió respuesta.

Una vez que las deportaciones de saharauis se han iniciado, el partido acusa a Interior de actuar para impedir que los diputados hablaran con los demandantes de asilo y las expulsiones se produzcan «en la más absoluta impunidad».

Por todo ello, han exigido que se paralicen las devoluciones que aún no se han efectuado y creen que el Gobierno vuelve a mostrar «complicidad» con la «dictadura marroquí». «Las políticas migratorias de (Pedro) Sánchez son indistinguibles de las que aplicaría un Gobierno del PP», han zanjado.

DOS DE LOS DEPORTADOS ESTÁN DETENIDOS EN MARRUECOS

La abogada Fatma El Galia, que asiste a varios de los solicitantes de asilo, ha detallado que ayer por la noche fueron deportados 16 sahararuis y que en Barajas aún persiste un grupo numeroso de peticionarios de asilo a los que se les deniega «absolutamente todos sus derechos fundamentales».

«El Gobierno y concretamente el Ministerio del Interior hace oídos sordos y pisotea el derecho internacional», ha criticado para insistir en que estas expulsiones son un «atropello» y que han presentado pruebas suficientes para, como mínimo, que se les conceda el estatus de apátrida.

También ha incidido en que tiene conocimiento de dos de los 16 expulsados a Marruecos están detenidos y que la vida de todos ellos corren peligro.

Belarra ha lanzado que el Ministerio del Interior «opera al margen de los principios democráticos» y que ha traspasado «todas las líneas rojas» con unas deportaciones «indecentes». De hecho, ha apuntado que Podemos estudia acudir a la vía judicial contra las devoluciones ordenadas por el Ejecutivo.

MARLASKA YA AVANZÓ QUE SERÍA DEPORTADOS SI LA LEY LES AMPARABA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció que los solicitantes de asilo en el aeropuerto madrileño que alegaban ser saharauis perseguidos serían «deportados» si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente.

También defendió que Interior tiene una «comunicación, coordinación y cooperación permanente» con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para estudiar «individualmente» cada petición de asilo «en caso de que proceda» el reconocimiento de protección internacional o, en caso contrario, autorizar las expulsiones.

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