PSOE-A ejercerá como acusación en la investigación por contratos del SAS previa a fraccionamientos que también denuncia

SEVILLA, 3

El PSOE-A ha decidido solicitar su personación como «acusación particular» en el procedimiento que iniciará un juzgado de Instrucción de Sevilla al admitir a trámite la denuncia presentada por los 30 diputados del Grupo Parlamentario Socialista el pasado 20 de junio contra el Gobierno de la Junta por «presunta malversación y prevaricación» en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en una atención a medios este jueves en el Parlamento andaluz tras conocerse la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de admitir dicha denuncia, a la que, según ha anunciado también, el partido va a incorporar la información que se va conociendo sobre el «fraccionamiento» de contratos menores del SAS que ha analizado la Intervención de la Junta.

Espadas ha explicado que el citado juzgado de Sevilla comunicó este pasado miércoles a los abogados del PSOE-A «que se había admitido a trámite nuestra denuncia y, por tanto, la posibilidad, que ya hemos materializado, de personarnos como acusación particular para tener acceso a todas y cada una de las cuestiones que vayan derivando» de dicha investigación.

Ha subrayado que la «intención» del PSOE-A con esta denuncia, «después de más de un año y medio de investigación, de recopilación de información, era conocer si todas las cuestiones que, a nuestro juicio, eran constitutivas de delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos, eran o no objeto de estudio y de admisión por un juez para llevar a cabo las investigaciones que estima oportuno y dirimir si, finalmente, hay responsabilidades penales en este caso».

Espadas ha querido aclarar que el objeto de la denuncia inicial que ahora se ha admitido a trámite no es la relativa al «fraccionamiento de contratos en la sanidad pública andaluza por un importe de más de 450 millones de euros» por la que se está publicando información esta semana, sino que «se trata de una cuestión anterior» y en la que desde el PSOE-A llevan trabajando «desde marzo de 2023″.

CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA

Ha explicado que la denuncia se justifica tras detectar que durante dos años», desde que «en la primavera del año 2021 las administraciones determinaron que ya no se podía utilizar ese procedimiento de contratación de emergencia y que, por tanto, había que comenzar a desarrollar de nuevo los procedimientos de contratación pública ordinarios», el SAS, la Consejería de Salud, había hecho oídos sordos a esa derogación de la norma y había continuado exactamente igual, como si se siguiera en periodo» de emergencia sanitaria.

Espadas ha señalado que la Consejería de Salud empleó para ello una fórmula, a su juicio, «absolutamente irregular» y que podría constituir «un delito de prevaricación», llevando a cabo «adendas y prórrogas de contratos de emergencia anteriores durante la época Covid, estirando la posibilidad de no tener que someterse a procedimientos ordinarios, a concursos», y todo ello «por unas cantidades que al final prácticamente alcanzan los 300 millones de euros».

«MODUS OPERANDI»

El secretario general del PSOE-A ha aseverado que se percibe así «un modus operandi » por parte de la Junta, no de «un expediente puntual» o «algo aleatorio o excepcional», sino de un modo de actuar que se repitió «un mes tras otro y hasta prácticamente mediados del 2023», y ahora «lo que tenemos por delante es la investigación al Gobierno» de Moreno «por irregularidades claras, graves, y por prácticamente 300 millones de euros de contratación pública a dedo».

Ha criticado que «se generó un sistema de trabajo al margen de la legalidad y decidiendo por parte del SAS y la Consejería de Salud quién iba a trabajar y quién no, a quiénes se les incrementaba la facturación y a quienes sencillamente no se le encargaba nada, saltándose los procedimientos, los mecanismos de contratación», y causando «un deterioro de las arcas públicas».

Además, ha subrayado que en este caso «no estamos hablando sólo de una investigación del Grupo Parlamentario Socialista», sino de algo que han analizado también «la Cámara de Cuentas de Andalucía» e «interventores de la propia Consejería de Hacienda, que han venido a decir que no sólo se ha producido el abuso de la contratación de emergencia, sino que además se ha producido algo que está absolutamente tipificado, que es el fraccionamiento de contratos».

Al respecto, ha apuntado que «los contratos menores están perfectamente regulados en la Administración por una cuantía inferior a 30.000 euros», y lo que el Gobierno de Moreno «ha instaurado de una manera generalizada», al menos en la Consejería de Salud, es «saltarse esa norma de contratación que permite excepcionalmente, por debajo de esa cuantía, adjudicar a dedo, y por encima de esa cuantía fraccionar en contratos de menos de 30.000 euros lo que son claramente contrataciones de obras o suministro de mucho mayor importe».

Espadas ha subrayado que el montante afectado por ese fraccionamiento de contratos superaría los «450 millones de euros», por lo que «no es una cuestión menor», y ha explicado que los parlamentarios socialistas ya ampliaron su denuncia dos veces el pasado mes de julio, y «ahora sumaremos lógicamente las nuevas informaciones y los nuevos datos de los informes de la Intervención y de la Cámara de Cuentas» en relación al fraccionamiento de contratos.

«LA JUSTICIA INVESTIGARÁ»

«A partir de ahora, la justicia investigará», ha sentenciado Espadas, que ha defendido que el POSE-A ha «agotado todas las vías parlamentarias» antes de acudir a los tribunales, y que él mismo trasladó, «hace un año, al Gobierno, información de lo que estaba sucediendo y de lo que habíamos detectado», pero no tuvo «ningún tipo de contestación ni de información al respecto».

Ha puntualizado que serán los abogados del partido los que determinen si se formula una nueva denuncia en relación con el «fraccionamiento» de contratos o se amplía la ya existente de los contratos de emergencia, y al respecto ha apuntado que «suele ser lo habitual en el ámbito procesal, que se acumulen todas estas cuestiones finalmente en el mismo juzgado».

Ha agregado que van a seguir «la pista» de quiénes son los beneficiarios de esos contratos: «Habrá beneficiarios y grandes beneficiarios en la sanidad privada y, lógicamente, habrá que analizar si algunos de ellos tienen algún tipo de conexión o de título que les haya permitido tener ese trato de privilegio con el Gobierno andaluz», ha añadido.

Espadas ha pedido al presidente de la Junta que permita la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento, y que toda la información y documentación que le va a solicitar el juzgado, «la ponga a disposición de los grupos políticos».

Sobre el hecho de que el PSOE-A no hubiera anunciado ante los medios de comunicación que había formalizado la denuncia, ha expuesto que ha sido por una cuestión «de estrategia procesal», siguiendo el consejo de los abogados del partido, que recomendaron esperar al «veredicto inicial del juzgado».

«Mi grupo parlamentario, que lleva siendo sometido al escándalo, a la infamia y a las barbaridades del PP, ha sabido mantener la sangre fría para saber en qué momento justo estábamos ante un caso de investigación judicial al Gobierno de Moreno Bonilla», según Espadas, quien ha señalado que «una cosa es denunciar y otra que se abra una investigación judicial», y ha concluido señalando que los socialistas van a «exigir responsabilidades a los responsables del Gobierno de Moreno de la mano de una investigación judicial».