Domínguez(PP) dice que la «bronca» del protocolo de menores migrantes empieza al cuestionar el desamparo del niño
El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domíguez, ha admitido este jueves que la «bronca jurídica» con el Ejecutivo central sobre el protocolo de menores no acompañados que llegan a las costas del archipiélago empieza cuando se cuestiona si el niño está o no en desamparo.
En un Encuentro Informativo de Europa Press en Madrid, impulsado por Veolia, Domínguez expuso que en el protocolo de menores no acompañados impulsado desde el Ejecutivo canario el «niño no está en desamparo», matizando que cuando es rescatado en altamar y llega al puerto «está en manos del Estado, no está desamparado».
Por ello, ha incidido en que Canarias tiene que acoger al menor «cuando hay desamparo», por lo que admitió que «es aquí donde empieza la bronca» jurídica entre si el niño está en desamparo o no, y que ha motivado que el Gobierno central haya elevado el citado protocolo al Tribunal Constitucional (TC).
«A partir de ahí veremos lo que dice la justicia. Bueno, ya sabemos lo que dirá la justicia», apuntilló en relación a la posibilidad de que el TC se pronuncie en favor de las tesis del Gobierno central.
DIFERENCIAS ENTRE PROTOCOLOS
Si bien Domínguez quiso exponer cómo se recibían hasta «hace tan solo una semana» a los menores en Canarias, indicando que cuando la patera o el cayuco era rescatado en altamar por Salvamento Marítimo, se trasladaba a un puerto, «casualmente siempre un puerto canario, nunca un puerto del Estado».
Una vez en el puerto, la Policía Nacional hace la distinción entre menores y mayores, «por lo que alegan los menores y un análisis visual», de tal forma que los menores, «cual paquete de folios o cual lote de mercancía, en un albarán escrito a mano, en una hoja de Excel, se enumeran… Mohamed, cada uno de los nombres. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 25, pueden ser dos. Y ahí estampa su firma un policía y luego llaman a una ONG», contratada por el Gobierno de Canarias.
Posteriormente aparece un representante que recoge «un lote de niños y de niñas y se los lleva a sus instalaciones. Firma ese documento y ese albarán, una hoja Din-A4, escrita a mano, es la que identifica a los menores que se van a los centros de acogida».
Por contra, el protocolo impulsado por el Gobierno canario, con el que busca «garantizar la seguridad» de los menores no acompañados, lo que pide es identificar al menor, obtener una foto de él, coger la huella dactilar, que de su procedencia, el nombre y el lugar de destino» para que finalmente firme el documento un funcionario público, ya sea un policía autonómico u otro funcionario, pero «no alguien que representa una ONG».
