El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a desarrollar el Plan de Gestión del Lobo

El Parlamento ha acordado este lunes, con la abstención del Grupo Popular, instar al Gobierno de Cantabria (PP) a desarrollar el Plan de Gestión del Lobo, modifique la zonificación, convoque las ayudas por los daños ocasionados y solicite al Ministerio para la Transición Ecológica los informes técnicos y jurídico que permitan autorizar las extracciones.

En concreto, la moción regionalista insta al Ejecutivo a retomar la modificación de la zonificación del Plan de Gestión del Lobo para pasar nueve municipios de la zona 2 a la 1, tras «aumentar» los ataques de los lobos en Arredondo, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Miera, Corrales de Buelna, Herrerías, Ruesga, San Felices y Valdáliga; así como otros de la zona 3 a la 2.

Asimismo, en la iniciativa se pide el pago inmediato por servicios ambientales de ganadería extensiva en zonas con presencia del lobo correspondiente a las convocatorias de 2023 y 2024; así como convocar de inmediato las ayudas para las medidas preventivas de los daños al ganado.

Y también propone solicitar al Ministerio los informes técnicos y jurídico que permitan autorizar las extracciones de lobo en las zonas con más presencia de esta especie en Cantabria.

Se trata, ha defendido el diputado y exconsejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco (PRC), de que se «cumpla» el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria.

Desde el PP, que se han abstenido, han aseverado que la nueva consejera de Desarrollo Rural ya está trabajando «intensamente» en el Plan de Gestión del Lobo, que «partirá de cero», así como en los intereses de los ganaderos de la región. «Déjenla trabajar», ha dicho la diputada María Belén Ceballos, que ha recordado que hace 17 días que María Jesús Susinos tomó posesión.

«El informe preceptivo del Ministerio nunca llega. ¿Va a llegar?», se han cuestionado los populares , que han denunciado que «cada vez hay más ataques» pero al Gobierno de Pedro Sánchez «no le importa».

Por su parte, el PSOE ha reiterado que su postura es conjugar la protección del lobo, de una especie protegida, a la vez que proteger la naturaleza y a los ganaderos y paliar los efectos indeseados y los daños que ocasiona la presencia mayoritaria del lobo.

Así, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa regionalista. No obstante, ha indicado que para solicitar al Ministerio los informes desde la comunidad autónoma de Cantabria se tiene que enviar la información actualizada.

Y desde Vox, aunque han apoyado la propuesta, han afeado que tras años pidiendo al consejero de Ganadería que aplicase la ley, aunque no compartían la exclusión del Lespre, «había muchas medidas que se podían adoptar» pero el PRC «se negaba a aplicarlas» y «no tomó ninguna decisión», salvo «anunciar exclusivamente una extracción carente de fundamentos jurídicos».

ARMONIZACIÓN FISCAL

Por otro lado, el Parlamento ha rechazado, con los votos en contra del PP y de Vox, una iniciativa del Grupo Socialista para exigir a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), la defensa de la armonización fiscal para «acabar con la desigualdad entre territorios» ante el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

El objetivo de la proposición no de ley (PNL) de los socialistas era lograr un «equilibrio óptimo» en el ejercicio de las competencias normativas de las comunidades autónomas, evitando la competencia fiscal desleal sobre los impuestos.

Asimismo, la propuesta pretendía manifestar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el rechazo a toda política fiscal que implique dumping fiscal como el desarrollado por la Comunidad de Madrid.

Desde el PRC han presentado una enmienda de modificación, que ha sido aceptada por los socialistas, en la que instaba al Ejecutivo autonómico a defender en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un equilibrio óptimo en el ejercicio de las competencias normativas de las comunidades autónomas y rechazar la práctica del dumping fiscal.

Por su parte, el diputado popular Juan José Alonso ha señalado que el punto uno de la propuesta socialista ha quedado fuera porque la reunión entre Buruaga y Sánchez ya ha tenido lugar.

A su juicio, «el mayor peligro para el sistema actual no es la rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid o en Cantabria, sino el tacto de investidura en Cataluña», que «va a pasar de gestionar 27.700 millones de euros por impuestos cedidos y compartidos a recaudar directamente 57.000 millones».

Por otro lado, en el Pleno también se ha rechazado una PNL de Vox para «rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal», que ha decaído con los votos en contra de PP, PSOE y PRC.

La portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, ha considerado que «la inmigracion legal y ordenada es positiva para nuestro país, faltaría más, pero el problema es la entrada masiva y descontrolada de personas sin ningún tipo de filtro o control».

Díaz ha criticado la «inmigracion ilegal descontrolada» en España de la que ha acusado a PSOE y PP por permitir una «invasión» y «mirar para otro lado», con una política «de puertas abiertas» que ha llevado a que hoy «España es hoy mayor coladero de Europa de entrada de inmigrantes ilegales».

Y, aunque «nos llamen xenófobos y racistas», ha considerado que «hay un innegable vínculo entre la inmigracion ilegal y el aumento de la criminalidad».

El diputado del PP Alejandro Liz, vicepresidente primero del Parlamento, ha criticado el «populismo» y «demagogia» de Vox en el asunto de la inmigración para lo que, ha defendido, se requiere «una política migratoria de Estado integral y firme contra las mafias».

«El PP está a favor de la migración legal y en contra de la ilegal», ha asegurado Liz que, no obstante, ha señalado que no se puede «proponer soluciones sencillas a problemas complejos».

Asimismo, la Cámara ha rechazado una PNL de los regionalistas que instaba al Gobierno a renegociar el acuerdo de la jornada educativa para docentes mayores de 55 años, con los votos en contra de PP y Vox y el apoyo de PRC y PSOE.

La diputada regionalista María Teresa Noceda ha criticado que el acuerdo de Educación y los sindicatos ANPE y CCOO el pasado mes de abril, que contemplaba que 2.000 docentes se beneficiarían de la sustitución parcial de la jornada lectiva de mayores de 55 años, «ha sido un fracaso».

Así, ha indicado que menos de 100 profesores han podido acogerse a esta medida y ha reclamado al titular del área, Sergio Silva, «rectificar».

Frente a ello, el parlamentario popular Álvaro Aguirre ha lamentado que los regionalistas se quieran «cargar» un acuerdo que fue alcanzado en abril y entró en vigor el pasado 1 de septiembre.