Torres «tiende la mano» al Consell para llegar a un acuerdo sobre la Ley de Concordia y no ir al Constitucional
Tacha de «supremacista» que haya leyes autonómicas que «van en contra de la pluralidad lingüística»
VALÈNCIA, 26
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha «tendido la mano» al Consell para llegar a un acuerdo sobre la Ley de Concordia, aprobada por PP y Vox hace unos meses en Les Corts, y ha advertido que de lo contrario el Gobierno la recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) como pasó con la norma de Aragón.
Además, el ministro socialista ha reprochado al president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), que siga adelante con esta «ley de la discordia» a pesar de la salida de Vox del Consell desde el pasado julio: «Debería haber aprendido de lo que ha pasado en el Parlamento de Castilla y León», donde PP y PSOE han frenado esta norma.
Así ha valorado, a preguntas de los periodistas en Alicante antes de la octava reunión del Consejo de las Lenguas Oficiales, la propuesta que ha remitido su departamento al Consell para iniciar el proceso de negociación, que establece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del TC, sobre la Ley de Concordia. La comunicación remitida establece el plazo para aceptar o no la propuesta de diálogo hasta el próximo lunes 30.
Cuestionado por si hay algún acercamiento, Torres ha explicado que su voluntad es que el Consell vuelva «al sentido común, a la lógica, a la defensa de la democracia, a la condena del totalitarismo y de la dictadura», para lo que ha instado a Mazón a estar dispuesto a negociar y a «retirar de su ley los parámetros de involución democrática». «Vamos a ver si es posible el acuerdo», ha señalado, para subrayar que el Gobierno «siempre» tiene voluntad de acordar.
En cualquier caso, ha insistido en que si no hay acuerdo, el Gobierno «lógicamente» acudirá al TC para frenar una ley que «nunca debería haberse admitido a trámite» porque «no tenía ningún sentido» y «fue una imposición de Vox» antes de su salida del Consell. «¿Qué sentido tiene que una comunidad en la que sale Vox del gobierno camine con una ley de la discordia?», se ha preguntado.
Torres ha vuelto a denunciar que «la mal llamada Ley de Concordia vulnera el derecho internacional y dificulta el trabajo de las entidades memorialísticas», mientras ha reivindicado la Ley de Memoria Democrática de 2017 que «enaltecía los valores que tenía y ha tenido siempre el sistema democrático» de la Segunda República «frente a años de ausencia de libertades y derechos» con el franquismo.
Tras recordar lo que «la sociedad perdió durante esas cuatro décadas», ha advertido que actualmente «esas amenazas están disfrazadas de ropajes pseudodemocráticos o antidemocráticos, de partidos que quieren regresar al pasado oscuro de nuestra historia».
Por todo ello, el ministro ha instado a Mazón a «aprender de lo que ha pasado en el Parlamento de Castilla y León», donde su Ley de Concordia no ha sido tramitada esta semana «por una amplísima mayoría» al «poner sobre la mesa cuestiones vergonzantes».
LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA
Respecto a las discrepancias del Gobierno a la Ley de Libertad Educativa del Consell, que fue aprobada por PP y Vox al mismo tiempo que la de Concordia, Torres ha defendido que «no puede ser que haya leyes autonómicas que vaya en contra de la pluralidad lingüística y de la coexistencia de las leyes oficiales».
«Es absurdo que, mientras el Gobierno promulga que caminemos en la coexistencia de las lenguas cooficiales, haya presidentes y gobiernos como el de la Comunitat Valenciana que quieran dar pasos atrás», ha censurado, y ha reivindicado la coexistencia del valenciano y el castellano.
En esta línea, ha advertido que «dar la espalda a eso es dar la espalda a una realidad histórica». Y ha rematado: «Quien lo hace, lo que intenta hacer es un gesto de supremacía, y nosotros no queremos gestos supremacistas».
En concreto, el Gobierno ha manifestado discrepancias sobre diversos aspectos de la Ley de Libertad Educativa, por lo que se ha acordado iniciar las negociaciones correspondientes, mediante una comisión bilateral Estado-Generalitat, para intentar solventarlas.
