Tribunal de Cuentas insta a los partidos a perfilar la ley para evitarle interpretaciones al examinar su financiación
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha emplazado a los partidos a reformar la legislación para aclarar aspectos relativos a su financiación y así evitarle interpretaciones a la hora de fiscalizar a las formaciones políticas.
Chicano ha presentado este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) el último informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos, relativo a 2020.
En ese informe, recogido por Europa Press, el Tribunal detectó incumplimientos legales de varias formaciones, apreció infracciones sancionables en Vox, situaba a Izquierda Unida en números rojos y denunció la falta de protocolos internos en los partidos para prevenir la corrupción, entre otras cuestiones.
En concreto, a Vox se le achaca haber aceptado más de 100.000 euros en aportaciones sin identificar al donante, cuando las donaciones anónimas están prohibidas, y recibir dinero de cuotas o aportaciones en efectivo, lo que también es cuestionable porque la financiación privada debe canalizarse en cuentas bancarias para asegurar su fiscalización.
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe criticado ese punto alegando que ese dinero se recoge en carpas y ferias locales con «el esfuerzo de su militancia» y que no debería identificarse al donante porque se trata de aportaciones de pequeña cuantía.
Pero la presidenta del tribunal, aunque entiende las quejas de Vox, le ha replicado que el artículo 5.1 de la Ley de Financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y las finalistas, por lo que emplaza al legislador a introducir las correcciones que considere en la norma.
También el PNV, por boca de la senadora Dolores Etxano, ha avisado de que hay puntos de la Ley de Financiación de Partidos que colisionan con otras normas, como la legislación tributaria, si bien asume que el problema lo deberían resolver las Cortes.
Y en eso ha incidido Chicano: «El principal problema con el que nos encontramos, y que lo diré 20 veces y que lo hemos dicho por escrito y hemos presentado mociones, es el de que la legislación sea acorde –ha explicado–. Efectivamente, si tres normas para tres aspectos diferentes de la vida dicen cosas diferentes, nos toca interpretar aquello de la norma de más rango o la posterior».
A su juicio, para evitar esas interpretaciones, que reconoce que a veces les «cuestan mucho», se puede ir por la vía de los recursos judiciales de los partidos hasta que el Tribunal Constitucional o el Supremo sienten doctrina, que es un camino «muy lento» y «muy costoso», también para las propias formaciones, o bien modificar la legislación en el Parlamento para aclararla.
Eso sí, admite que no parece haber un panorama político propicio para acometer esa tarea. «Ustedes sabrán cómo tienen ahora de tranquilo el panorama –ha retado a las Cámaras–. No sé si estarían dispuestos a hacer una modificación de este calado, pero esto es cosa de ustedes, no es cosa nuestra».
