Ábalos pide cuentas a Transportes por impulsar una auditoría de «parte» sobre las mascarillas y apunta a Interior

El exministro presenta 23 preguntas en el Congreso para saber, entre otras cosas, si también se va a auditar la gestión de Raquel Sánchez

El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso, ha registrado un escrito de 13 páginas en el que pide explicaciones al actual titular de Transportes, Óscar Puente, por la auditoria que encargó sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia y sostiene que ese estudio lo ha hecho «la persona que fue entonces responsable de la ejecución de los contratos», a la que otorga por tanto la doble función de «juez y parte». Además, Ábalos aconseja revisar el papel jugado por el Ministerio del Interior.

En las ocho primeras páginas del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos pone en cuestión la auditoría encargada por Puente y en las restantes incluye hasta 23 preguntas al Gobierno sobre estas cuestiones.

El diputado del Grupo Mixto, que tras esa auditoria anunció que ya no iba a hacer seguidismo del PSOE en las votaciones del Congreso y que iba a votar «en conciencia», acusa a Transportes de vulnerar «la tutela judicial efectiva» de las personas investigadas en el caso Koldo por haberlas entrevistado para ese estudio interno, al que se refiere como «investigación administrativa paralela».

NO AVISAN AL JUEZ Y ENMIENDAN AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Ábalos denuncia que se encargó la auditoria sin que fuera requerida por el juez que instruye este asunto y que con ella, además, se pretende «enmendar la fiscalización» de esos contratos ya realizada por el Tribunal de Cuentas, que, según recalca no apreció irregularidades. Es más, se queja de que la Dirección General de Organización e Inspección del ministerio, autora de la auditoría, sea «más exigente» que el fiscalizador respecto a lo que debe incluir o no el expediente de contratación».

«No se cuestiona que el actual ministro quiera saber la diligencia de la ejecución de los contratos y a dónde se han destinado las diferentes partidas de las mascarillas, sino que en la auditoria se entre a valorar la legitimidad de las decisiones políticas que se adoptaron en aquel momento o aquellas para elegir un proveedor concreto u otro en un momento crucial de emergencia sin conocer los criterios de decisión y las condiciones», puntualiza Ábalos.

En este contexto, y en lo referido a la cantidad contratada mascarillas respecto a la necesidad concreta de la demanda de estas, advierte de una «extralimitación valorativa» por parte de la autora del informe. A su juicio, «se han extralimitado en sus funciones» y en el «alcance» de auditoria, «vulnerando los principios de imparcialidad, del debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia y enfoque basado en la evidencia de rigen este tipo de actos».

El exministro también pone el foco en el hecho de que en los cuatro años que han pasado desde la pandemia ni la Intervención General del Estado ni los funcionarios que ahora han participado en la auditoría advirtieran de las irregularidades detectadas. «Contrasta la ineficacia, las negligencias y la dejación de funciones de estos empleados públicos durante estos cuatro años frente al trabajo realizado ahora», apunta.

EL GUARDIA CIVIL DE INTERIOR

Respecto a las deficiencias en el control de accesos y de registro de personas ajenas al ministerio, Ábalos destaca que el informe recoge las visitas que hacía Víctor de Aldama, pero no menciona «las visitas no registradas de empresarios», que según apunta haciéndose eco de publicaciones de prensa, «introducía en el ministerio de Transportes de manera reiterada en los años 2020 y 2021 el subteniente de la Guardia Civil detenido por la operación Delorme » y que gestionaba las mascarillas del Ministerio el Interior, en referencia a Rubén Villalba.

Ábalos quiere saber por qué en el caso de Aldama la auditoría no indaga el incumplimiento de la Oficialía Mayor y el área de Seguridad ni tampoco en esas «visitas no registradas» del citado guardia civil, por qué la oficialía le habilitó para entrar a una dependencia donde se guardaban las mascarillas de Transportes, por qué se le facilitaron unas llaves de esa dependencia y qué superior jerárquico autorizó al oficial mayor a dárselas.

Asimismo, pregunta cuántas de esas mascarillas salieron con destino a otros organismos de otros ministerios, en concreto cuántas se llevaron al de Interior y a qué organismos, si hubo registro del despacho de ese material en el departamento de Fernando Grande Marlaska y si pagaron por él.

También destaca que no se ha entrevistado para la auditoría al responsable directo del control y registro de acceso que es el jefe del área de Seguridad en 2020 y 2021, que dependía de la Oficialía Mayor, a su vez dependiente de la Dirección General de Ordenación e Inspección (autora de la auditoría).

ENTREVISTAS «SELECTIVAS» PARA LA AUDITORÍA

Asimismo, señala que se han hecho «interrogatorios sin garantías y sin principio de contradicción y que no se ha preguntado a los altos cargos aludidos por los inspectores que han realizado el estudio y que siguen en el ministerio.

También hecha en falta consultas a la actual directora general de Organización e Inspección, por no exigir y supervisar desde 2020 a los responsables de los órganos administrativos que recepcionaron las mascarillas sin el debido registro y control». Además, Se queja de que no se le haya preguntado ni permitido hace alegaciones a él mismo, los miembros de su Gabinete y los altos cargos de su etapa.

En este contexto, pregunta a Transportes qué criterios se han seguido para elegir a las personas entrevistadas para la auditoría, cómo saben los funcionarios consultados las razones de la decisión política para la compra de mascarillas de más, y por qué la autora del informe cuestiona esas decisiones en un expediente administrativo.

«Resulta cuanto menos controvertido que la dirección general bajo la que se realiza esta auditoría sea juez y parte. Que sea la misma persona que fue entonces responsable de la ejecución de los contratos a la que se haya encargado la dirección de esa evaluación interna», concluye Ábalos.

De la misma dirección general autora de la auditoría, incide el exministro, depende la «gestión de la política de adquisiciones de recursos materiales del departamento», de lo que deduce que ese órgano encargó a la Oficialía Mayor «el depósito y el despacho de las mascarillas para los funcionarios de Ministerio de Transportes».

¿POR QUÉ NO DEPURAN RESPONSABILIDADES?»

Por todo ello, sentencia que las conclusiones de la auditoria son «deficientes, sesgadas e incompletas» y considera «cuanto menos llamativo» que Puente no haya «depurado responsabilidades en quienes son responsables directos de que no se cumplieran los protocolos para un efectivo control de recepción y despachos de las mascarillas».

En este contexto, pregunta si se tuvo conocimiento antes de la fiscalización del Tribunal de Cuentas de que no había actas y albaranes de depósito y despacho de las mascarillas, si fue así, por qué no informó entonces, qué ha fallado si eso no se ha sabido hasta la realización de la auditoría y si va a exigir responsabilidades administrativas a los responsables.

«¿Cuál ha sido el coste económico de esta auditoría que no ha concluido con la exigencia de ningún tipo de responsabilidad a los responsables de las irregularidades detectadas», reza otra de las preguntas.

Ábalos también menciona el medio millón de mascarillas FFP2 que Adif tiene almacenadas en Madrid procedentes de un pedido adjudicado en enero de 2022 a Solfix Engineering que caducarán a principios del año que viene y pregunta a Puente si piensa encargar también una auditoría sobre esa compra.