Gobierno andaluz rechaza la financiación singular en Cataluña: «Es la voladura del sistema»

SEVILLA, 1

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha rechazado la posibilidad de que Cataluña consiga una financiación singular, ya que, a su juicio, supone «la voladura del sistema de financiación autonómico». «Cataluña no está infrafinanciada, lo que tiene es una pésima gestión», ha subrayado.

En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera ha insistido en que Andalucía es una de las regiones infrafinanciadas, junto a Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia, pero «no Cataluña» que está «un 6,7% por encima de lo que le corresponde».

«Andalucía tiene una infrafinanciación de 1.500 millones de euros anuales y, además, cualquier privilegio que tenga una comunidad autónoma, es una merma de oportunidades para otra», ha explicado para reivindicar que la comunidad necesita los ingresos suficientes para sostener los servicios de salud, educación, servicios sociales y dependencia.

Al hilo de esto ha recordado que el Estatuto de Autonomía para Andalucía señala que el Estado garantizará la inversión suficiente en proporción a su peso territorial y que la inversión será proporcional al peso de su población, que en Andalucía es del 18%, punto que también recoge la Constitución Española (CE), que «parece que nos estamos olvidando de ella», y que incluye además que «las diferencias entre Estatutos de Autonomía no podrán significar privilegios económicos y sociales».

Frente a esto, Rocío Blanco ha rechazado rotundamente una financiación singular para Cataluña. «Se les perdona 15.000 millones de euros, a los que se suman los 1.300 millones de intereses», ha señalado para añadir que esto se produce cuando Cataluña se encuentra financiada un 6,7% más de lo que le corresponde y habiendo hecho «peor sus deberes» en comparación con Andalucía. «La deuda de Cataluña es de 89.000 millones y la de Andalucía es de 38.600 millones», ha detallado.

«Esta condonación de deuda, que parece que ya es un hecho, no supone que la deuda desaparezca, sino que el Estado la asume como propia. Entonces, el Estado va a tener una deuda de más de 191.000 millones, cuando no olvidemos que en los últimos años se ha incrementado la deuda a más de 1,5 billones de euros», ha puntualizado para concluir que «todo eso conforma un escenario difícil de asumir».

La consejera también ha querido recordar que la Constitución no contempla singularidad alguna, más allá del País Vasco y Navarra, y ha expuesto que Madrid aporta unos 6.000 millones de euros al conjunto nacional, Cataluña unos 2.300 millones y Baleares unos 634 millones. «En total son 20.000 millones, que se reparten en trasferencias verticales del Estado a las comunidades, que son 11.000 millones, y horizontales que vienen del resto de comunidades, que son 9.000 millones», ha detallado.

Analizando esta situación, ha apuntado que, «a lo mejor, Madrid no puede asumir solo ese reparto horizontal al resto de comunidades autónomas». Pero ha insistido en que a esto se añade la recaudación por parte de Cataluña del 100% de sus impuestos. «Entonces es una merma de ingresos para el Estado, unos 30.000 millones de euros», ha afirmado.

«Podemos volvernos un Estado confederal, en el que el Estado español no tenga medios propios», ha advertido, toda vez que ha sostenido que esto va en contra del principio de igualdad, contra el de interterritorialidad y en contra del principio individual de cada ciudadano, ya que, según viva en una comunidad autónoma, pagando los mismos impuestos, va a tener mejor o peores servicios».

CATALUÑA, DEFICITARIA EN PENSIONES

«Ni su situación es la peor, porque la peor es la de Andalucía, la de Murcia, la de Castilla-La Mancha y la de Valencia; ni tampoco están infrafinanciados», ha afirmado para sumar que, además, «Cataluña es deficitaria en las pensiones en más de 4.000 millones» y eso supone que «el resto de España le paga las pensiones a los pensionistas de Cataluña».

Por último, ha insistido en que «lo que plantea Cataluña no está recogido ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas ni en el Estatuto de Autonomía de ninguna comunidad autónoma», y ha criticado que lo pretendan sea «un cupo al estilo del País Vasco», con «opacidad total» en cuanto cómo se distribuye ese cupo y que se va actualizando cada cinco años, «cuando la financiación de las comunidades autónomas del régimen común está obsoleta desde el 2014, como es la de Andalucía».