Las CCAA del PP anuncian que acudirán a los tribunales para que Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes

Feijóo y sus barones , que hablaron de esta iniciativa el lunes en un almuerzo, quieren tratar temas como la inmigración o la financiación

Las comunidades de Aragón, Galicia, Murcia, Castilla y León, Madrid y Baleares han anunciado este martes que presentarán acciones legales –la mayoría ha anunciado un recurso contencioso administrativo– para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convoque la Conferencia de Presidentes, que lleva más de dos años sin reunirse. A su entender, este órgano debe reunirse cuando antes para tratar asuntos como la inmigración irregular o la financiación autonómica.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones territoriales hablaron de la necesidad de convocar esa Conferencia de Presidentes este lunes durante un distendido almuerzo celebrado en un restaurante de Madrid tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP –máximo órgano del partido entre congresos– que se había fijado para hacer balance del curso político, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Tanto el partido como sus 14 presidentes de CCAA y de las dos ciudades autónomas han pedido reiteradamente a Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes, alegando que es su «obligación legal». De hecho, lo han hecho en dos ocasiones de forma conjunta: el 24 de noviembre de 2023 y el 24 de abril de 2024.

En este último caso, el 24 de abril, las CCAA del PP firmaron una carta dirigida a Pedro Sánchez exigiendo la convocatoria «inmediata y urgente» de ese órgano, que lleva dos años y cuatro meses sin reunirse.

Según decían en esa misiva, hay temas clave a tratar como la «no actualización del sistema de financiación autonómica», el «fortalecimiento del Estado de derecho, la igualdad entre los ciudadanos, la separación de poderes o la seguridad jurídica» tras la Ley de Amnistía. En las últimas semanas, los populares han añadido a la agenda la inmigración irregular.

AYUSO LO ANUNCIÓ EL VIERNES Y HOY SE SUMAN MÁS PRESIDENTES

El pasado viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó que su Gobierno iniciará acciones legales contra el jefe del Ejecutivo si no convoca «de inmediato» la Conferencia de Presidentes. «Está incumpliendo de manera flagrante la Ley que regula la Conferencia de Presidentes 40/2015 y el Reglamento de dicha Conferencia, donde el artículo 4.1 estipula que se tiene que reunir mínimo dos veces al año», recalcó, para señalar que Sánchez lleva sin convocarla desde marzo de 2022.

Este martes, Ayuso ha vuelto a defender públicamente su convocatoria para tratar la inmigración y ha advertido que «esto es el comienzo de mucho más porque las mafias ya saben cuál es el camino». Además, ha acusado a Sánchez de «engañar» y de «mirar para otro lado durante estos años» porque «no es una cuestión solo económica».

Más presidentes autonómicos del PP han avanzado hoy su intención de acudir a los tribunales. Así, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha indicado que su Gobierno presentará un recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal Supremo para que Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes.

«Hemos pedido al Gobierno de España que nos escuche», ha expuesto Azcón, que cree que «ha llegado el momento» de que reclamen «judicialmente lo que es un derecho» para «para tratar todos los temas que afectan a los aragoneses y españoles».

De la misma manera, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que va a presentar un recurso contencioso administrativo para que el presidente del Gobierno «cumpla con su obligación y convoque ya la Conferencia de Presidentes». «Ya no podemos seguir así», ha dicho, para añadir que si les da «la espalda e incumple el reglamento de esa Conferencia de Presidentes» tendrán que «acudir a la justicia».

LA INMIGRACIÓN Y LA FINANCIACIÓN, ENTRE LOS TEMAS A TRATAR

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado acciones ante la Justicia. «Vamos a interponer el recurso preceptivo ante el ámbito contencioso-administrativo para que el presidente del Gobierno cumpla con lo que le solicitamos más de diez comunidades autónomas», ha anunciado, para subrayar que Pedro Sánchez tiene «la obligación» de convocar la Conferencia de Presidentes.

En este caso, Fernández Mañueco ha urgido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar tres asuntos concretos, la financiación autonómica, la inmigración y la falta de profesionales en el ámbito de la medicina.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha insistido en exigir al Gobierno la convocatoria «inmediata» ya que, de no hacerlo, aprobarán recurso por incumplimiento el próximo lunes en la reunión del Consello. Para Rueda, su celebración es «imprescindible», además de «obligatorio» desde el punto de vista legal. «El presidente del Gobierno lleva meses incumpliendo la ley», ha denunciado.

También el Gobierno de Baleares ha avanzado que presentará un recurso contencioso-administrativo para que el presidente del Gobierno reúna a la Conferencia de Presidentes. Según han informado el Govern balear, la decisión se ha tomado «ante la inactividad de Sánchez, que incumple su obligación de convocar» este órgano.

Desde la Comunidad Valenciana, este lunes la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ya reclamó al Gobierno que convoque la Conferencia de Presidentes y que «ofrezca explicaciones» a las comunidades autónomas sobre la gestión de la llegada de personas migrantes a España que requiere «planificación, coordinación y financiación para poder afrontarse forma eficiente y efectiva».

También el Gobierno de Cantabria pidió este lunes la convocatoria de esa Conferencia de Presidentes para abordar de forma común una política migratoria «global y estratégica», más allá de actuaciones puntuales. Según la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, el Gobierno de España está derivando su responsabilidad a las comunidades autónomas y tomando medidas puntales que «no solucionan el problema, sino que lo agravan».