Asaja, COAG y UPA reclaman al Gobierno ayudas directas para las explotaciones vitícolas
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que encabeza Luis Planas, ayudas directas a las inversiones en explotaciones vitícolas, según han informado en un comunicado conjunto los mencionados sindicatos.
En concreto, dichas organizaciones, dentro del proceso de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto que modifica la intervención sectorial vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), han remitido al ministerio tres propuestas para que sean incluidas en el Real Decreto en cuestión.
Así, aparte de las ayudas directas a las inversiones en explotaciones vitícolas, han exigido condicionar todas las ayudas al sector vitivinícola al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, así como ampliar las ayudas ante los daños por conejo en los viñedos.
OPORTUNIDAD DE GRAN UTILIDAD
De esta manera, las organizaciones profesionales agrarias han propuesto la inclusión de una nueva intervención en base al artículo 58, apartado m) del Reglamento UE 2021/2115 de 6 de diciembre de 2021 relativo a los planes estratégicos: «Inversiones en activos materiales e inmateriales destinados a mejorar la sostenibilidad de la producción vitivinícola».
Además, la asociaciones han demandado incluir una medida de inversiones en explotaciones vitivinícolas dentro de la Intervención Sectorial del Vino (ISV), lo que supondría «una oportunidad de gran utilidad tanto para el objetivo de incrementar su competitividad y rentabilidad, como para mejorar su sostenibilidad económica, social y ambiental».
En este contexto, las organizaciones han destacado que esta norma significaría «un gran interés en beneficio de los viticultores, pero también para todo el sector vitivinícola español ante los retos a los que nos se enfrentan».
INVERSIONES DESTINADAS A LA MEJORA DEL USO Y LA GESTIÓN DEL AGUA
En base a lo establecido en el Reglamento UE 2021/2115, esta intervención se basaría en inversiones destinadas a actuaciones como la mejora del uso y la gestión del agua; la conversión a la producción ecológica; la introducción de técnicas de producción integrada; la adquisición de equipos para métodos de producción de precisión o digitalización; la contribución a la conservación del suelo y la mejora de la retención del carbono del suelo; la creación o preservación de hábitats favorables a la biodiversidad o el mantenimiento del paisaje, incluida la conservación de sus características históricas o la reducción de la generación de residuos y la mejora de la gestión de residuos.
Asimismo, la tipología de inversiones a implantar bajo esta medida estarían consensuadas dentro del sector y en función de los objetivos y mayores necesidades en las explotaciones vitícolas.
Por otro lado, las organizaciones agrarias también han propuesto el establecimiento de condicionantes en las diferentes medidas dentro de la ISV incluida en el Plan Estratégico de la PAC, como la reestructuración y reconversión de viñedo, las inversiones en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícola (inversiones en bodegas), las actividades de promoción y comunicación en países terceros y la eliminación de subproductos y cosecha en verde.
En este sentido, los sindicatos han resaltado que consideran que los solicitantes y potenciales beneficiarios de estas medidas, sean personas físicas o jurídicas, que estén sancionadas por incumplimiento grave o muy grave de la Ley de la cadena alimentaria «no deben poder optar a ser beneficiarios de estas ayudas».
Por último, de cara a la protección ante los daños producidos por conejos, los viticultores reclaman ampliar la ayuda actual relativa a protectores a otros sistemas de prevención, como vallados, ahuyentadores, posaderos de rapaces, hurones, etcétera.
