Junta defiende actitud «garantista» con la mina de Aznalcóllar con «análisis diarios» y fianza de 60 millones

ALMERÍA, 12

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este viernes como «un proceso absolutamente garantista» la concesión por la Administración autonómica de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), que este jueves se hizo pública.

En declaraciones a los medios de comunicación en Almería en la inauguración de una exposición por el 25 aniversario del Parque Nacional de Sierra Nevada, Fernández-Pacheco ha proyectado esa actitud de la Junta en decisiones como hacer «análisis diarios en tres puntos diferentes de todo el recorrido, para que el semáforo nunca llegue a estar ni en rojo ni siquiera en ambar».

De igual forma ha blandido como argumento para superar las reticencias de las organizaciones ecologistas el hecho de haber reclamado «el máximo de fianza que la ley nos permite, más de 60 millones de euros», de la que ha precisado que «la empresa tendrá que depositar durante toda la vida del proyecto» para afrontar posibles responsabilidades.

«En el momento que se sobrepase el más mínimo indicativo siempre dentro de los parámetros legales, se paraliza el vertido», ha continuado explicando sobre la eficacia de esos controles diarios, antes de reivindicar que «el agua que se vierta al río Guadalquivir siempre será agua tratada y agua depurada».

El también portavoz del Gobierno andaluz ha sostenido que la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto de Mina Los Frailes «ha tenido un largo proceso de tramitación», para especificar que ha afrontado «dos periodos de información pública donde se han recibido muchas alegaciones», procedimiento que ha supuesto «incorporarlas al texto final de la autorización dentro del condicionado».

Fernández-Pacheco se ha dirigido a las organizaciones ecologistas para pedirles que «antes de descalificar la autorización ambiental la estudiaran con detenimiento», convencido de que tras ese examen «encontrarán que la salvaguarda del medio ambiente, del río Guadalquivir y de su estuario, de la provincia de Sevilla y de toda Andalucía, es la máxima que se ha perseguido».

«Se garantiza un monitoreo exhaustivo de cada dedal de agua que se vaya a verter al río Guadalquivir», ha blandido el consejero de Sostenibilidad sobre el nivel de exigencias ambientales para ese nuevo proyecto minero.

«Los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que el proceso ambiental que ha protagonizado la Junta de Andalucía es garantista, cuidadoso y respetuoso con el medio natural», ha remachado el consejero su argumentación.

Este jueves en un encuentro informativo el Gobierno andaluz explicó que la Delegación Territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Sevilla lanzará en las próximas semanas dos propuestas referidas a la resolución de autorización del proyecto de explotación y al plan de restauración, para las que se abrirá un trámite de audiencia pública de 15 días.

Finalizado este plazo, será el turno de la Dirección General de Minas del Ejecutivo andaluz, encargado de emitir la resolución de autorización final. Las previsiones de la Junta sitúan en el último trimestre de este mismo año el final del este proceso administrativo y el comienzo de los trabajos de preparación de la explotación minera.

Los trabajos comenzarán con la depuración y posterior desembalse del agua de las cortas, una tarea que tomará alrededor de 18 meses para 17,52 hectómetros cúbicos, de los cuales 15 pertenecen a la corta de Los Frailes.

Este es el punto del proyecto que ha causado más revuelos entre las asociaciones ecologistas, que acusan al Gobierno autonómico de «autorizar un vertido de aguas tóxicas» al río Guadalquivir.

La reapertura de la corta minera a manos de Minera Los Frailes –sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis– viene ensombrecida por el cierre de la mina a cielo abierto de Aznalcóllar tras la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando estaba explotada por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa).