Gobierno pide abrir diálogo con Comunidad Valenciana tras la aprobación de la ley de concordia antes de recurrir al TC


El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que el Gobierno activará el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para abrir «un procedimiento de negociación» con la Comunidad Valenciana después de que el pleno de Les Corts haya aprobado este jueves definitivamente la Ley de Concordia con los votos de PP y Vox.

De esta manera, Moncloa sigue el mismo plan que ya intentó con la ley de concordia aprobada por el Gobierno de Aragón, aunque en aquella ocasión el Ejecutivo del popular Jorge Azcón no se sentó con el Ejecutivo central en una bilateral para negociar modificaciones de la norma. Finalmente, el Consejo de Ministros presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El ministro de Memoria Democrática ha reclamado al gobierno valenciano que en este caso «acepten dialogar» sobre la ley autonómica que PP y Vox han aprobado en Les Corts, que sustituye la Ley de Memoria Democrática en la Comunidad Valenciana de 2017 y se retrotrae hasta 1931 en lugar de hasta el inicio de la democracia.

«Es necesario cambiarla y que condene expresamente el franquismo, que no iguale la dictadura a otros períodos democráticos y que facilite la labor de entidades memorialistas», ha exigido Torres, a la vez que ha recordado que Aragón se negó a negociar y su ley de concordia se encuentra «suspendida cautelarmente» por el TC.

Previamente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, lamentó que tras la aprobación de la norma en el parlamento valenciano «se ha culminado la infamia que llevaba meses encima de la mesa». «La infamia de una propuesta de ley del Partido Popular y de Vox en la Comunitat Valenciana que por primera vez convertía en ley el blanqueo del franquismo», denunció.

Para la también secretaria general de los socialistas valencianos la ley de concordia «iguala a las víctimas con los verdugos, infringe los derechos fundamentales y los derechos humanos de las víctimas del franquismo, de la dictadura, de la guerra, tal y como dice también la ONU».

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, defendió el proyecto antes de su votación definitiva, recalcando que «la diferencia» entre la Ley de Memoria Democrática del anterior gobierno del Botànic y la de Concordia de su equipo que se ha aprobado es que el Consell, formado por PP y Vox, ratifica «los derechos de todas las víctimas de violencia política». «Nosotros ratificamos los derechos de todas las víctimas de violencia política, de todas», subrayó.

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