Yolanda Díaz reúne a los ministros de Sumar para abordar los próximos retos y con el foco puesto en los Presupuestos
Los ministros de Sumar y secretarios de Estados del socio minoritario de la coalición, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz a la cabeza, han mantenido una reunión para abordar los retos políticos de los próximos meses, con especial énfasis a las prioridades de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La propia Díaz ha publicado en redes sociales imágenes de este encuentro y ha recalcado que el objetivo para el horizonte futuro es conseguir la reducción de la jornada laboral, mejorar el derecho a una vivienda digna y unos Presupuestos Generales que reduzcan las «desigualdades». A su vez, ha aludido a que es necesario medidas de regeneración que «ensanchen» la democracia.
En esta cumbre han participado también los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia), junto a los secretarios de Estado Joaquín Pérez Rey (Empleo), Javier Padilla (Sanidad), Amparo Merino (Economía Social) y Rosa Martínez (Derechos Sociales).
Además, han participado cargos destacados del grupo plurinacional como el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, y los diputados Carlos Martín y Manuel Lago, que forman parte del equipo confeccionado por Sumar para negociar las futuras cuentas públicas con el PSOE.
MEDIDAS QUE ASPIRA A INCLUIR EN LAS CUENTAS PÚBLICAS
Recientemente, Sumar exigirá al PSOE un paquete fiscal en los Presupuestos Generales de 2025 que suponga subir de forma generalizada los impuestos a los establecimientos turísticos y así hacerlos menos rentables en comparación con un alquiler permanente. En concreto, abogan por gravarlos con el IVA general del 21%.
También quiere negociar incluir la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales, así como ampliar de 16 a 20 las semanas los permisos de paternidad y maternidad, algo que ven como una «prioridad» y «básico» para apoyar a las familias y la infancia.
No se trata de las únicas medidas que el socio minoritario quiere, pues defiende también la permanencia de los impuestos temporales a la banca y energéticas, que están vigentes para todo 2024.
