El Consejo de Estado se podría pronunciar sobre el reparto de menores migrantes cuando se trasponga la norma europea


Justifica que el Gobierno utilice el procedimiento de urgencia y señala que es el Poder del Estado que tiene que actuar con rapidez

El Consejo de Estado podría pronunciarse sobre el reparto de menores migrantes y su protección en el momento en que el Gobierno se disponga a trasponer la normativa europea sobre Migración y Asilo, para lo que tiene un plazo de dos años, y advierten de que la realidad está cambiando y ahora hay más menores que llegan solos a territorio nacional.

En este sentido, la presidenta de la institución, Carmen Calvo, señala que la protección del menor es un valor superior de la Constitución y por tanto el Consejo de Estado, si tiene el encargo del Gobierno, se puede pronunciar sobre la legislación que afecta a este asunto, incluidas las competencias transferidas a las comunidades autónomas.

Sin embargo, en pleno debate sobre el reparto de menores migrantes que están llegando a las costas de Canarias al resto de comunidades autónomas, Calvo deja claro que el Consejo de Estado «no entra» en esa discusión, que tiene «muchas ramificaciones políticas», según ha indicado en una rueda de prensa este miércoles para presentar la memoria anual de la institución.

PACTO DE MIGRACIÓN Y ASILO

A este respecto, la consejera permanente y encargada de presentar la memoria, Paz Andrés Sáenz de Santamaría, ha apuntado que la Unión Europea acaba de aprobar el Pacto de Migración y Asilo, que tendrán que ser incorporados a la legislación nacional y por tanto el Consejo de Estado dictaminará sobre esas normas

«Sobre todo eso habrá pronunciamiento. Son normas muy complejas, nos consta que el Gobierno ya está trabajando en ellas, en cómo abordarlas y serán dictaminadas por el Consejo de Estado», ha señalado.

EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ES «ENTENDIBLE»

Por otro lado, Calvo, que es presidenta del Consejo desde marzo de este año, justifica que el Gobierno utilice el procedimiento de urgencia, dice que es «entendible» y señala que el Ejecutivo es el único Poder del Estado diseñado para reaccionar «rápido», al contrario del Legislativo y el Judicial que «tienen que ser más lentos».

Calvo ha respondido así a preguntas sobre el uso del Gobierno del procedimiento de urgencia para llevar a cabo la iniciativa legislativa, que también reduce el plazo que tiene el Consejo de Estado para emitir sus informes y suele ser uno de los principales reproches que este órgano ha venido haciendo a los sucesivos Gobiernos.

«El Ejecutivo está diseñado desde su origen para que reaccione rápido, porque alguien tiene que reaccionar rápido en el curso de las cosas, y mucho más en el curso de las cosas que forman parte de intereses generales de un país que se acerca a los 49 millones de personas que tienen muchos problemas cada día», sostiene.

98 DICTÁMENES URGENTES

En todo caso, pide que la urgencia «sea la justa» para tener el tiempo «razonable» para emitir sus dictámenes con la mayor calidad posible, aunque apostilla que no es un reproche a la «oportunidad política» de esa urgencia, algo que al Consejo no le «ocupa» ni le interesa».

Según indica la memoria del Consejo de Estado, a lo largo del año 2023 despachó 1.657 expedientes, de los cuales 1.514 fueron objeto de dictamen de fondo. De ellos, 1.505 fueron consultas preceptivas, de las que 193 versaron sobre disposiciones de carácter general. Señala además que del total de dictámenes aprobados, 98 lo fueron con carácter urgente y 13 de ellos con el plazo de urgencia reducido.

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