El PSOE confía en el PP para tramitar en septiembre la ley del Suelo que rechazaron sus socios en el Congreso
El Gobierno tuvo que retirar del Congreso el proyecto de Vivienda por falta de apoyos y volverá a intentarlo con un texto pactado con PNV
El PSOE retomará la tramitación de la Ley del Suelo que ya ha pactado con el PNV a partir de septiembre, y confía en un acuerdo con el PP para aprobar la norma después de que Sumar, Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Junts rechazaran el texto que planteó el Ministerio de Vivienda en un proyecto.
La idea del Gobierno es esperar a ese mes porque es cuando el PP va a presentar en el Senado su Ley del Suelo. A partir de ahí, el Gobierno verá qué puntos se pueden negociar para llegar a un texto que contente a socialistas y populares , según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.
De entrada, el PP ya ha dicho que su ley también afectará a la Ley de Vivienda y eliminará el tope al alquiler que en esta se incluyó, algo que a priori no gustará a un Ministerio de Vivienda que ha defendido ese tope para rebajar los precios en zonas tensionadas.
Donde sí puede haber consenso es en lo relativo a la nulidad en cascada en los planeamientos urbanísticos, es decir, en que un error subsanable no implique la caída entera del proyecto de urbanismo como sucede con la legislación vigente.
PSOE Y PP QUIEREN ACABAR CON LA NULIDAD EN CASCADA
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, indicó que la ley del PP garantizaría que no se produzca una nulidad en cascada en los planeamientos, mientras que la proposición de ley de PSOE y PNV establece criterios más estrictos para evitar este suceso. La reforma del Congreso también plantea la nulidad parcial de los instrumentos de ordenación cuando esta se pueda individualizar a un ámbito territorial u otras determinaciones concretas.
Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya ha instado públicamente al PP a apoyar la reforma de la Ley del Suelo en varias sesiones de control en el Congreso, alegando que es una norma que están reclamando los empresarios y el sector inmobiliario en toda España.
Así las cosas, se abren dos escenarios para la tramitación de la ley, uno en el que se admite a trámite la norma de PSOE y PNV para que después se incluyan enmiendas al articulado de los diferentes grupos; o que prospere la del PP en el Senado y desembarque en el Congreso para continuar con su tramitación de la misma forma.
SUMAR Y PODEMOS ESTÁN EN CONTRA DE LA LEY
A quienes no le va a gustar ninguna de las dos leyes es a Sumar y a Podemos. Ambas formaciones ya rechazaron el proyecto de ley original y la formación morada llegó a presentar una enmienda a la totalidad para devolver el texto al Gobierno.
No fue la única enmienda de totalidad, ya que ERC y Junts también presentaron las suyas. Esto provocó, junto a la falta de apoyo del socio minoritario del Ejecutivo y ante la incógnita de la posición del PP, que el Gobierno retirara el proyecto del orden del día cuando se iban a debatir las tres enmiendas de totalidad, justo antes de las elecciones europeas del 9 de junio.
Una vez pasada la tormenta electoral, el PSOE llegó a un acuerdo con el PNV para presentar una ley conjunta que es prácticamente el mismo texto original, con la salvedad de que ahora los instrumentos de ordenación territorial y urbanística tienen que regirse «en los términos que dispongan las normativas autonómicas». Asimismo, la nueva redacción dice que estos instrumentos podrán ser «modificados o sustituidos» en los términos que dispongan las normativas autonómicas.
CONFÍAN EN EL APOYO CATALÁN
Con estas salvaguardas autonómicas, el Ejecutivo confía en que ERC y Junts se sumen a apoyar la ley, pues considera que es necesaria para dar oxígeno a los ayuntamientos que sufren demandas de despachos especializados en recurrir planeamientos urbanísticos por pequeños errores.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explicaba en el borrador del proyecto que se remitió al Congreso, y al que tuvo acceso Europa Press, que ese límite al efecto de las denuncias serviría para poner coto a los «chantajistas» que se aprovechan de la normativa vigente para presentar reclamaciones ante planificaciones urbanísticas que después acaban retirando tras llegar a un acuerdo económico.
El departamento liderado por Isabel Rodríguez aseguraba que con la ley actual se han producido «claros abusos» en el ejercicio de estas reclamaciones, sobre todo en las grandes ciudades. Así, el objetivo de la reforma es dar seguridad jurídica a la planificación urbanística y evitar que fallos formales subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
