Bustinduy apuesta por «reformular» en España el Estado del Bienestar para «universalizar» los derechos sociales

CARMONA (SEVILLA), 28

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha puesto de relieve que «el objetivo real que tiene por delante España, y también Europa, es reformular un Estado del Bienestar para el siglo XXI» para buscar un «nuevo equilibrio» capaz de plantear que los derechos sociales deben ser «universales» y garantizar «unas condiciones mínimas de bienestar a todos los ciudadanos, independientemente de «su condición o trayectoria».

Así lo ha manifestado este viernes en la conferencia Agenda política y sindical ante la precariedad y la desigualdad , en la que ha participado junto con el secretario general de CCOO en Sevilla, Carlos Aristu, y la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, enmarcada dentro del curso de verano Nuevas expresiones de precariedad y su impacto social y político en la sede de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona.

Bustinduy ha definido el tiempo que estamos viviendo, tanto a nivel económico como a nivel geopolítico y social, con la palabra «incertidumbre», donde «la capacidad de concebir una estabilidad a medio plazo se ha hecho cada vez más complicado», y ha cuestionado en qué medida los fenómenos de precariedad, desigualdad y pobreza son «expresiones de una misma lógica y que también definen el momento en el que nos encontramos».

Sin embargo, ha asegurado que esto «no siempre ha sido así», mencionando que «el modelo social europeo fue una gran operación» de estabilizción social y que consiguió «generar un modelo socioeconómico y político que logró estabilizar las trayectorias colectivas de vida, lo que hacía más sencilla esa operación de concebir la proyección hacia el futuro como un lugar de «estabilidad y no de incertidumbre».

Ha culpado a la «erosión constante durante décadas de neoliberalismo» y a una «superposición continua de crisis que actuán entre sí –ambiental, geopolítica, sanitaria, financiera o enegética, entre otras–» del fin de este modelo.

Ha mencionado el «cambio de orientación de las políticas macroeconómicas y sociales» que se llevó a cabo en la anterior legislatura con la pandemia de la Covid-19 y que, «a diferencia de lo que pasó en el 2008» se demostró que «se puede aborda una crisis intentando anteponer la protección social lo primero» con medidas como «los ERTE, políticas de gasto público, el aumento del salario mínimo y una reforma laboral que por primera vez fue encaminada a ampliar la protección y la estabilidad del empleo».

El ministro ha detallado al final de su intervención las medidas que su Ministerio quiere impulsar en nuestro país para «abordar las desigualdades estructurales», entre las que ha citado cambiar el modelo de mercado de la vivienda para que deje de ser «un factor de desigualdad y pobreza»; plantear una prestación universal por crianza para garantizar unas «condiciones mínimas» a todos los niños; democratizar el tiempo de los trabajadores, reduciendo la jornada laboral «sin reducción de sueldo»; elaborar una reforma fiscal; y mejorar el sistema de cuidados y de dependencia, el cual está «infravalorado e infrafinanciado».

Ha afirmado, para concluir, que este «nuevo contrato social» se tiene que pagar mediante una «redistribución fiscal con sistemas impositivos progresivos y justos» y con una «política social que sea capaz de redistribuir la riqueza» porque «solo así se podrán mantener niveles de cohesión social y de estabilidad que son los que garantizan que las sociedades sean más prósperas y más seguras».

Por último, la secretaria general de CCOO en Andalucía, ha señalado que, en este aspecto, los sindicatos tienen que ser un «generador de esperanza y un tapón de inseguridades» para los trabajadores y ha resaltado las «pésimas condiciones» en las que se encuentran el sistema de dependencia y sus trabajadores en Andalucía ya que «una parte importante del presupuesto de dependencia y de los servicios sociales no se está ejecutando en nuestra Comunidad Autónoma».