C-LM solicita más flexibilidad para que las pymes puedan acceder al Fondo de Resiliencia Autonómica


TOLEDO, 19

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido este miércoles al Gobierno central la flexibilización de las normas del nuevo Fondo de Resiliencia Autonómica para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a este capital.

Y es que, tal y como ha explicado a la salida de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde ha estado acompañado del director general de Seguimiento del Plan de Recuperación, Julio García, la principal dificultad que plantea este Fondo es que va dirigido a proyectos mínimos de 25 millones de inversión dejando fuera del alcance pequeñas y medianas empresas que son la casi totalidad del tejido empresarial de la Comunidad Autónoma.

Durante la Conferencia Sectorial, en la que han participado representantes de todas las comunidades autónomas, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha trasladado que se han activado ya los primeros 3.400 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica dirigidos tanto a proyectos públicos como privados, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Sin embargo, según ha subrayado Martínez Guijarro, la principal complicación para la aplicación en proyectos públicos del Fondo de Resiliencia Autonómica es que es un fondo que computa como deuda a las comunidades autónomas. «Hoy venía con la esperanza de que el Gobierno de España hubiese trasladado un mensaje de apoyo a las comunidades autónomas y que esa deuda no computase en las reglas fiscales dando mayor capacidad de decisión a los territorios», ha indicado.

En cambio, ha dicho, el nuevo Fondo computa como deuda por lo que «deja a las regiones infrafinanciadas con una capacidad de decisión casi nula».

A esto se suma además otra barrera para los territorios autonómicos: la de la limitación temporal. Y es que, estos fondos tienen que estar ejecutados en agosto del 2026, «y en aplicación de la Ley de Contratos del Estado es muy complicado que en dos años se contrate una obra y se ejecute», ha sentenciado el vicepresidente primero.

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